Piden informe por fiesta en oficina pública

La diputada opositora Lourdes Millares remitió ayer una carta al Ministerio de Justicia para que esta Cartera de Estado investigue y sancione el uso indebido de bienes del Estado, luego de que se hiciera público un video que muestra el uso las instalaciones del Ministerio Público para realizar la fiesta de cumpleaños del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

A su vez, en la Asamblea Legislativa, además de Millares, sus colegas Gonzalo Barrientos, Cinthia Sequeiros, Milenka Nina, Luis Alberto Vaca, Kary Mariscal y Oscar Urquizo remitieron otra nota a la presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, para solicitar un informe escrito al Fiscal General sobre las denuncias de uso de instalaciones estatales para celebrar su cumpleaños.

En las imágenes que circulan desde el miércoles en redes sociales se observa a los funcionarios del Ministerio Público en el salón principal de esa instancia celebrando el cumpleaños del fiscal Guerrero, consumiendo bebidas y un grupo musical que amenizaba el acontecimiento particular.

Sobre el escenario se observa un cartel en el que dice “Feliz Cumpleaños” junto a la fotografía del Fiscal General.

Las imágenes muestran que el salón estuvo dispuesto como si fuera un local de alquiler para fiestas y se desconoce hasta qué hora duró el festejo.

“A raíz de este análisis se ha tomado la decisión de que este tema debe pasar a conocimiento del Ministerio de Justicia, para que se constituya en accionante”, afirmó Millares.

La diputada aseguró que si el Ministerio de Justicia no toma acciones sancionatorias en contra de los responsables de este mal uso de las instalaciones de la Fiscalía, se confirmará “de cara al país”, que cuando se trata de supuestos hechos delictivos cometidos por opositores, tiene un gran interés y se inmiscuye a fondo.

Hasta el cierre de edición, la Fiscalía General no emitió ningún pronunciamiento o aclaración sobre la fiesta de cumpleaños del Fiscal General.

EL PEOR FISCAL

Sólo un día antes de que se revele el escandaloso video, la bancada de Unidad Demócrata (UD) calificó a Guerrero como “el peor Fiscal General que ha tenido Bolivia en los últimos tiempos su evidente apego al MAS”.

La pasada semana, la Asamblea Legislativa Plurinacional empezó a trabajar en la redacción del reglamento de convocatoria para la selección del Fiscal General del Estado, que cumple su mandato en octubre de 2018.

“Yo creo que es el peor fiscal general de los últimos 25 años. Por los innumerables casos de corrupción de los fiscales, luego por la excesiva intromisión política del Ejecutivo, y por la actitud permisiva de Ramiro Guerrero respecto a los fiscales denunciados”, declaró el diputado Wilson Santamaría.

Su colega del senado, Edwin Rodríguez, añade que “es el fiscal más político que hemos tenido en la historia del Ministerio Público y muy eficiente para el Gobierno central”, al referirse a las primeras impresiones sobre el papel que ha cumplido Guerrero a lo largo de su mandato.

Ambos legisladores coincidieron en la evidente inclinación política que demostró Guerrero durante los seis años en el que se desempeñó como fiscal. Sostienen que ha respondido de manera “servil” al Gobierno, de acuerdo con su perfil político.

SUJECIÓN A LA LEY

La actuación del Fiscal General del Estado está sujeta a la Ley Nº 044/2010 de Juzgamiento a Altas Autoridades – Juicio de Responsabilidades, de acuerdo con el procedimiento jurídico, conocida la denuncia por la Presidencia de Cámara de Diputados, esta será derivada a la Comisión de Justicia Plural y Ministerio Público para que en sesión de Plenaria se remita a Comité de Ministerio Público, instancia que deberá realizar las investigaciones.

En cumplimiento de la ley, el fiscal general, Ramiro Guerrero, debe ser convocado a declarar al igual que las personas que participaron de la fiesta realizada en instalaciones públicas, hecho que implica la posible comisión de los delitos de uso indebido de bienes del Estado y uso indebido de influencias. La presunta infracción podría derivar en la suspensión de sus funciones al Fiscal General.

“En este caso, al ser funcionarios públicos los que participan de un evento social dentro de las instalaciones públicas no puede alegar desconocimiento de la norma, situación que agrava el hecho. Quienes presuntamente han adecuado su conducta a este delito, conocían que está sancionado por ley el uso de bienes públicos con otros fines”, apuntó Millares al respecto.

La diputada remarcó que se trata de un hecho muy grave, que el Fiscal Guerrero debe explicar al país y sobre el cual debe pronunciarse el Gobierno.

“El Ministerio de Justicia, en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado por la población más afectada, por los desvalidos ante temas de corrupción y el uso indebido de bienes del Estado que constituye delito de corrupción. Por tanto, también debe pronunciarse en este caso”, agregó.