En su esencia y práctica, la justicia ha sido despedazada. Al respecto, solamente nos referiremos a un caso: un delincuente “avasallador” de terreno fue detenido preventivamente en la cárcel, ahí se descubrió que había sido narcotraficante, que había burlado una condena de diez años y había estado libre; precisamente asaltando propiedades y vendiendo los terrenos invadidos.
El caso es patético, como se pudo ver en el juzgado. El mismo abogado del acusado se había apoderado de tres o más lotes para venderlos y engañar a incautos compradores que ya levantan precarias y clandestinas construcciones en el lugar.
Así se está pisoteando a la justicia, no solamente en este caso, sino en varios vecindarios de El Alto y zonas aledañas. Suficiente muestra de ello es el rebalse de litigantes en tribunales, donde el bien y el mal debaten, con amplia ventaja para los usurpadores, que son hasta respaldados por la política partidaria, con empleo de ingentes cantidades de dinero, para sobornar, crear falsos testigos y hasta hacer aparecer testimonios como si fueran verídicos.
Como consecuencia de estos desmanes, el pueblo –del que las madres de familia son las más afectadas- sufre por la supremacía de quienes tienen dinero mal habido, que lo reparten convenientemente para hacer frente a todo lo justo y correcto. Hasta se dan el lujo de retardar la justicia, a la medida de sus intereses, mientras los “avasalladores” construyen más casas clandestinas, para seguir amasando fortuna. A ese oficio se han dedicado y a los que pocas veces las autoridades han llegado a identificar. En los casos grandes de loteamientos, los delincuentes contratan abogados desprestigiados que saben cómo demorar los procesos y ganar tiempo. Luego incitan a los supuestos beneficiarios de lotes al decirles: “Tomen esos terrenos y rápidamente construyan y levanten techos y nadie les molestará”.
Así se consuman los delitos de usurpación con los casos referidos; los embates de la corrupción se repiten cotidianamente con los asaltantes a la propiedad privada en muchos lugares de las ciudades de El Alto y La Paz.
Por conciencia, los malos administradores de la justicia deben alejarse, para no perjudicar más a la gente honesta que trabaja y ha trabajado durante muchos años para conseguir, con el sudor de su frente, un patrimonio, para asegurar la salud, la educación y el bienestar de sus hijos.
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