El costo de las nacionalizaciones

En economía se entiende por nacionalización de empresas o emprendimientos a la reversión de los capitales, instalaciones y actividades empresariales, de propiedad privada a la estatal, es decir con la finalidad de acrecentar la esfera de poder estatal, en materia de control de capitales. Otros sostienen que la nacionalización sería pasar a poder de nacionales los emprendimientos que están en poder de extranjeros. Lo cierto es que detrás de esta medida, suelen ocultarse intereses poco claros o responder a políticas estatistas de corrientes ideológicas totalitarias (socialismo-comunista) o nacionalistas extremas.

Otras corrientes, como el modelo Nacional Revolucionario, sostienen que la propiedad y actividad de los sectores estratégicos de la economía de un país, deben estar en poder y control del Estado, como hidrocarburos, minería etc., aunque también admite que estas actividades puedan estar en poder de sociedades mixtas, entre el capital privado y el estatal.

El pasado siglo en nuestro país la primera nacionalización fue la de las concesiones de hidrocarburos a la empresa de capitales extranjeros Standar Oíl, en el gobierno del Cnel. David Toro Ruilova, luego de la Guerra del Chaco, pues esta empresa fue denunciada por haber saboteado al país en plena guerra y por haber sacado de contrabando el petróleo.

En los gobiernos de la Revolución Nacional fueron nacionalizadas las empresas mineras de los “barones del estaño”: Patiño, Hotschild y Aramayo a favor del Estado, que creó la Corporación Minera de Boliviana (Comibol), que administró las minas nacionalizadas hasta las medidas del DS 21.060 y DS 21.660, pues los costos de producción estaban por encima de los precios internacionales de los minerales.

Otra de las nacionalizaciones, en el siglo pasado, fue en el gobierno del Gral. Alfredo Ovando Candia, de las concesiones de la empresa Gulf Oíl Co., que explotaba petróleo y derivados.

Todas las nacionalizaciones tuvieron que ser pagadas en función de sus valores y recursos que dejaron de percibir, de tal manera que ese pago ha devenido en distinguir la expropiación sin pago de la nacionalización, con pago posterior. Las primeras han sido afectadas por regímenes de corte socialista-comunista, como el de Cuba y las segundas de regímenes no comunistas. Los pagos compensatorios han sido resultado de la presión de los gobiernos, por la afectación a los intereses de empresas cuyos capitales tenían orígenes en esos países.

El gobierno populista que nos gobierna durante dos sexenios, hizo de las nacionalizaciones uno de los mecanismos de propaganda simbólica de su accionar, comenzó con las nacionalizaciones a las empresas petroleras que habían venido al país en virtud de las políticas de los gobiernos que siguieron la corriente de la economía de mercado o economía abierta, y que invirtieron importantes recursos con los que fueron expandidas las reservas hidrocarburíferas, aunque en puridad de verdad, se trató de medidas de “innovación”, de cambio de contratos, pues casi todas siguen trabajando en el país.

La política de nacionalizaciones del actual gobierno afectó empresas de diversas actividades, desde la administración en la distribución de agua potable, energía eléctrica, minería y otras, lo que ha determinado que nuestro país esté demandado en la actualidad por alrededor de l.500 millones de dólares, por 12 procesos de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional de París y ante la Comisión de las NNUU para el Derecho Mercantil Internacional. Estas medidas ahuyentaron las inversiones externas, aunque el gobierno gastó importantes sumas en eventos en la meca del capitalismo (Nueva York y Londres) en procura de inversiones directas, que no se produjeron.

Recién el gobierno canceló 42.6 millones de Sus de 48.6 millones que determinó su pago el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, por la reversión de concesiones a la empresa chilena Quiborax en el gobierno del expresidente Carlos Mesa, con el agravante de que hace cinco años esa empresa estuvo dispuesta a transar con el pago de 3 millones de Sus. Lo llamativo de este asunto es que las autoridades de gobierno, pretendan encausar penalmente al ex presidente, cuando los responsables son los funcionarios anteriores y actuales de la Procuraduría del Estado, que hicieron una mala defensa del caso, es decir que se busca responsabilizar a Mesa por los 42.6 millones que se pagó. Nos preguntamos: ¿deberá también ser demandado el actual presidente, por la millonaria suma que deberá pagar el Estado (todos los bolivianos) por sus medidas de nacionalizaciones? Pues no olvidemos que la equidad es uno de los principios de la justicia.

El autor es abogado y politólogo.