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Derechos Reales

Funcionaria involucrada en falsificación de documentos



OFICINA DE DERECHOS REALES EN LA PAZ.

Una funcionaria de Derechos Reales fue identificada como implicada en el caso de falsificación y venta de documentos que se realizaba en un anaquel frente a la Fiscalía, descubierto en enero de este año, la misma será citada a declarar ante el Ministerio Público y definir su grado de participación en el ilícito, informó Porfirio Machado, asesor jurídico del Consejo de la Magistratura.

La venta de estos documentos falsificados fue descubierta a raíz de una observación que se realizó en un juzgado donde una persona pretendía recuperar un bien incautado al resguardo de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

En el puesto de venta de recibos y material de escritorio ubicado frente a la Fiscalía, en la calle Potosí, se hallaron formularios notariales, de Derechos Reales, del Registro Único de Administración Tributaria (Ruat), certificados de nacimiento, entre otros documentos ilegales que eran comercializados.

Al momento de la intervención, la Policía aprehendió a la pareja de esposos que atendía el puesto y que ahora son procesados y guardan detención preventiva en centros carcelarios.

PERSONA DE CONTACTO

Machado informó que la funcionaria de Derechos Reales sería citada en los próximos días para verificar el grado de participación que tenía, manejando la hipótesis de que se trataba de la persona que contactaba a las personas que requerían hacer algún tipo de trámite, con la pareja que tenía su puesto.

Roberto Valdez, abogado de la pareja detenida, negó los cargos; señaló que la comercialización de los documentos eran hechos de buena fe y que habían sido adquiridos hace algunos años ofertados por desconocidos.

En la jornada de ayer, se realizó un desprecintado del anaquel que había permanecido cerrado desde su intervención en febrero pasado.

Los imputados pidieron dicho desprecintado y señalaron que era su fuente de ingresos por lo que esperan que su familia retome su actividad para pagar los gastos del proceso judicial.

La Magistratura no está de acuerdo con el pedido señalando que dicho puesto se constituye en lugar de expendio de los documentos falsificados.

 
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