$us 60 millones
La senadora opositora Carmen Eva Gonzales lamentó ayer que ni el ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, ni el procurador Pablo Menacho, no hayan hecho nada para recuperar los 60 millones de dólares que el Estado perdió en la quiebra de Enatex, a manos de los hermanos Morales Olivera, y hagan hecho escándalo por Quiborax que se llevó 42 millones de dólares en su delante.
Dijo que literalmente “Arce se quedó callado” y el Procurador hasta ahora mantuvo “un silencio cómplice” con la entonces ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales Olivera, entonces Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Empresa Nacional Pública (Enatex) al momento de la quiebra y con su hermano Manuel Morales Olivera que oficiaba de asesor en la empresa textil, en un claro caso de nepotismo tipificado por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y el Código Penal.
Sostuvo que si el ministro Arce es honesto consigo mismo, debería explicar de oficio, hoy, durante la interpelación ante la Asamblea Legislativa, qué hizo en el caso Enatex, que es tan millonario como el de Quiborax.
Lamentó que tras provocar la quiebra, el Gobierno incluso “haya premiado” a Teresa Morales como directora de la Unidad de Investigaciones Financiera (IUF), un cargo designado politicamente en lugar de técnico, porque con la quiebra de Enatex “está demostrado que la señora Morales, en materia de números, no se entiende”.
INFORME
Gonzales planteó una petición informe oral para que el Ministro de Desarrollo Productivo Eugenio Rojas, explique ante el Senado cuánto se ha recuperado del dinero perdido y qué investigaciones realizó para establecer responsables de la quiebra de una empresa que fue mal administradora.
En base a reportes de prensa de la gestión de 2016, recordó que Jhonny Huanca, dirigente de los trabajadores, denunció que entre 2013 y 2015, Enatex tuvo como gerentes generales al cineasta Alejandro Zárate y a Julia Aparicio, relacionista pública de la compañía, que fueron designados “políticamente” por el Ministerio.
La senadora manifestó que en ese tiempo, Huanca indicó que las ministras Morales y después Verónica Ramos son culpables de la situación de la empresa, porque no se designó a personas con experiencia.
Con este antecedente anunció que tras la fiscalización al ministro Rojas, ampliará la misma hacia el Ministerio de Justicia y Transparencia y al Procurador General del Estado, dado que ambas entidades se excusan cuando se trata de montos menores al millón de bolivianos, pero sí están habilitadas cuando supera la cifra y en este caso por demás, como para haber intervenido de manera oportuna.
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