Morales conocía filtración de documentos

El presidente Evo Morales tenía conocimiento de la filtración de información que se dio en la segunda negociación entre el Estado boliviano y la defensa legal de la empresa chilena Quiborax, después de que los documentos de un preacuerdo fueron filtrados desde el ordenador de la exsubprocuradora Carmiña Llorenti, informó el ministro de Justicia, Héctor Arce, durante el acto de interpelación.

“Se nos informó (del hecho) el día 7 de diciembre de 2016 y el 21 de diciembre, después de hacer los trámites ante el presidente (Evo Morales) sobre la situación, se la desvinculó (a Carmiña Llorenti) de su cargo. Porque la designación de un subprocurador del nivel de un viceministro no depende del procurador, de acuerdo a la ley 064 la designación de esta autoridad depende del Presidente”, dijo Arce.

Arce explicó que posterior a esa información al presidente Evo Morales, el 25 de enero de 2017 se dispuso que se realice un proceso administrativo en contra de la exfuncionaria el mismo que fue realizado por la directora jurídica de la Procuraduría, Patricia Meneses.

RETRASO

A pesar de todos esos antecedentes, la autoridad sumariante externa de la Procuraduría, Ana Guevara Clavijo, ordenó el inicio del proceso administrativo disciplinario contra Llorenti recién en marzo de este año, después de 14 meses de que esta irregularidad fuese detectada.

El informe con la denominación RPAD/ASE/004/2018, emitido por la autoridad sumariante externa, detalla que la exfuncionaria, durante una reunión de negociación organizada en La Paz, en agosto de 2016, con los abogados de la compañía Química e Industria del Bórax (Quiborax) y Non Metallic Minerals (NMM), prestó su computadora a uno de los abogados de las empresas demandantes.

ARBITRAJE INTERNACIONAL

En el acto de interpelación convocada por el oficalismo, Arce explicó que la sentencia que emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) detalló que se aplicó una medida de revocatoria que no estaba consignada en el Código de Minería que estaba vigente en ese momento.

El tribunal concluyó que hubo un atropello contra la empresa chilena y corresponde la compensación integra que determina el laudo arbitral.

Por su parte el ministro de Minería, Cesar Navarro indicó que la el Estado boliviano vulneró el articulo IV del tratado bilateral internacional firmado entre Bolivia y Chile en 1994, que establece que ninguna de las partes contratantes adoptará medidas que priven directa o indirectamente.

A la vez indicó que la controversia entre el Estado boliviano y la firma chilena no hubiese llegado a un pago de $us 42.6 millones si no se suscribía el acuerdo entre la república de Bolivia y el de Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones (TBI), firmado el 22 de septiembre de 1994, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

DEFENSA LEGAL

Arce manifestó que el Estado contrató a uno de los seis bufets de abogados con mayor prestigio de Estados Unidos, al que tuvieron que pedir una rebaja en el costo de los honorarios de los profesionales para que lleven la defensa legal ante el tribunal internacional.

“Que se vea la responsabilidad que se ha actuado en la defensa legal del Estado, con el buffet internacional que ha trabajado con nuestro país y que es el sexto buffet más grande del mundo, de un alto prestigio. Nosotros muchos veces, pensando en el país, le hemos pedido rebajas en cuanto a sus honorarios”, resaltó el ministro.

Según la documentación publicada por el CIADI la defensa legal boliviana estaba a cargo de las firmas jurídicas Gomm & Smith del estado de Miami, y el estudio jurídico Dechert LLP.

Sin embargo, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, denunció que la Procuraduría General del Estado no quiso dar mayor informe sobre la contratación de los equipos jurídicos para la defensa legal y cuánto se pagó a estos profesionales.

NACIONALIZACIÓN

Arce indicó que durante el gobierno de Evo Morales se determinó la creación de la defensa legal del estado, algo que no fue tomado en cuenta en anteriores gobiernos, en ese marco indicó que los procesos de nacionalización se expandieron 14 empresas en cinco áreas: hidrocarburos, minería, electricidad, telecomunicaciones y transporte aéreo. Procesos en el que el Estado pagó $us 921.653.034.

En el sector de hidrocarburos se nacionalizó a las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Chaco) donde se pagó una indemnización de $us357.023.360, a YPFB Transporte $us 241.154.976, YPFB logística $us 12.080.279.

Para el rubro de la electricidad se nacionalizó a toda la cadena de empresas que están a cargo de la generación, distribución de ese recurso, Corani SA se pagó $us 18.668.000. Valle Hermoso SA $us 19.245.627, Guaracachi SA $us 31.534.613, a la Trasportadora de Electricidad SA se indemnizó un total de $us 65.268.000, DeLapaz y otras empresas $us 53.681.179.

Para el área de telecomunicaciones la principal nacionalización fue la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en el que se tuvo que pagar a la empresa de origen italiano la suma de $us 100.000.000.

Por último en el sector aeropuertuarias la nacionalización se dio a la empresa de Servicio de Aeropuertos de Bolivia (SABSA), donde se pagó la suma de $us 23.000.000. En la suma total de la cancelación de todos estos resarcimientos la suma asciende a más de $us 921 mil millones.

APLAUDIDOS

Al concluir la interpelación a ambas autoridades, los dos tercios del oficialismo fueron determinantes a la hora de la votación, después de que respondieran las 12 preguntas formuladas por los diputados Víctor Borda y Betty Yañíquez, durante una sesión que duró cerca de cinco horas.

La presidenta de la Cámara de Diputados Gabriela Montaño presidió la sesión de la Asamblea y fue la encargada de someter a consideración de la propuesta de “orden del día puro y simple”, mientras que desde la bancada de oposición, los legisladores exigían preguntar a los ministros que, por efectos del reglamento, no pueden participar de la votación.