¿Reingeniería penitenciaria?

Es plausible la intención manifestada por las autoridades del ramo para tratar de corregir y mejorar el régimen penitenciario boliviano, que hoy deplorablemente se encuentra en el cuarto lugar en el continente y el décimo en cuanto a la mayor población carcelaria y hacinamiento en el mundo, según el informe 2018 del ICPR (Instituto de Investigación de Política Criminal).

No obstante, el señalado término de reingeniería suena altisonante, rebuscado e incurre en un énfasis excesivo y utópico del discurso, que debería ser comprensible para toda la población, la cual espera desde siempre un mejor desarrollo de nuestra política carcelaria. Pero vale la pena aguardar que la expresión los obligue, entonces, al compromiso y empeño, en el mediano plazo, de hacer un rediseño profundo y una revisión científica con una metodología capaz de mejorar radicalmente la productividad humana y material del actual sistema carcelario, que obligue, por ejemplo, a la organización de seminarios, simposios, mesas redondas, etc., para corregir nuestras insuficiencias.

En principio convoquemos a nuestros mejores penalistas, colegios de profesionales, instituciones policiales, ONGs de la especialidad -que los tenemos-, no nos limitemos a un simple presupuesto para construcción de pabellones y compra de manillas electrónicas con el altisonante término de “reingeniería”. Recordemos la promesa del actual Fiscal General del Estado, que en el inicio de sus funciones prometió una verdadera reingeniería del Ministerio Público, pero aún no se concreta.

Deplorablemente, la actual estructura penitenciaria de las cárceles de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz es exasperante. La cárcel de San Pedro, por ejemplo, construida en el Siglo XI para 400 reos, hoy tiene más de 2.000 reclusos, a lo que se suma la poca formación de la policía en la especialidad, miserables presupuestos, falta de bibliotecas, mínima asistencia social y falta de talleres de educación, lo que trae como consecuencia problemas de salud, violencia e indisciplina, que derivan en vejaciones a la integridad física y la autoestima de sus ocupantes.

Respecto a la importancia de lo anterior, el ilustre Dr. Huáscar Cajías K. en sus apuntes de penología decía que “pocas personas suelen dar importancia al centro material de vida de los reclusos y sus repercusiones psicológicas, que es su edificio: lugar sórdido, sucio, amenazante, que altera las conciencias de quienes lo habitan”.

Hoy en Bolivia las cárceles están repletas; aun Chonchocoro con infraestructura relativamente nueva muestra índices de crecimiento incontrolable, lo propio en San Sebastián (Cbba) y Palmasola (Sta. Cruz).

La pregunta es: ¿Qué medidas se requiere para solucionar o al menos paliar este crecimiento demográfico? Respuestas mágicas no hay; aunque nuestras autoridades deberían renunciar a su sordera, apatía e indiferencia e involucrarse en este esfuerzo, determinando en principio el “cómo” de la situación.

Conforme a lo anterior, es oportuno discutir la idea de la privatización de las cárceles, que evidentemente no es una panacea, ni siquiera es nueva. Sin embargo actualmente descubre muchas ventajas humanas, operativas legales y financieras. Brasil, por ejemplo, ha inaugurado cárceles privadas en Riberao Das Neves (Minas Gerais) y otra en Itaquitinga (Pernambuco); ambas siguiendo el exitoso modelo británico de sociedad pública y privada, que permite usar el capital privado para su infraestructura, evitando que el Estado tenga que erogar millonarias inversiones, limitándose únicamente a dar el prediario a las empresas. Sobre lo anterior, el representante de Minas Gerais aseguró que “Las cárceles privadas podrían ayudar a paliar esta situación social y de infraestructura, al haber fracasado la administración del gobierno”.

Al presente, Perú y Argentina inician el desarrollo de instituciones penitenciarias y talleres laborales de reinserción, en salud, educación y trabajo. Ecuador y El Salvador ya tienen “escuelas penitenciarias” académicas, de nivel superior en fortalecimiento penitenciario para áreas de salud, educación, con trabajo remunerado. Uruguay convoca a la empresa privada para desarrollar subprogramas de educación, alimentación y apoyo psicológico y jurídico en sistemas de administración penitenciaria.

Aun países de menor desarrollo económico, como Jamaica, Panamá y Belice, implementan proyectos privados de humanización penal, de promociones de lectura, orquestas sinfónicas penitenciarias, desarrollo del séptimo arte a favor de los recluidos juveniles.

Hoy el Gabinete ministerial peruano proyecta el Decreto Legislativo que permita la concesión de los penales a través de un sistema “mixto”, es decir estatal con apoyo privado, con el criterio de “veremos con cuál nos va mejor”. Este país, al igual que Bolivia, afronta el problema del hacinamiento, así como la grande cantidad de presos sin sentencia, preventivos y la falta de fondos para cuestiones tan básicas como la alimentación.

Finalmente, recordemos que al presente todas las facultades de ciencias jurídicas en Bolivia incorporan la materia de derecho penitenciario en sus respectivos pensum, siempre para beneficio y mejoramiento de nuestro actual régimen penal. Nada más justo e impostergable.

El autor es abogado.