El senador Óscar Ortiz denunció ayer que el procurador del Estado, Pablo Menacho, niega información sobre los estudios de abogados que contrata el país para afrontar las demandas internacionales. Anunció una demanda en contra del decreto supremo en que se ampara la autoridad.
“En una respuesta oficial que he recibido de la Procuraduría General sobre los estudios jurídicos que han contratado para las demandas internacionales contra Bolivia, y también sobre los montos que han pagado, el procurador se niega a dar esta información aduciendo que es confidencial y que tiene carácter estratégico”, expresó Ortiz.
El Procurador se ampara en el Decreto Supremo N° 2698, del 9 de marzo de 2016, que en su artículo 5 establece la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas “por la naturaleza estratégica de la precautela y defensa de los intereses del Estado”.
El senador dijo que el decreto, que solo autoriza entregar información a la Contraloría “como ocurría con los gastos reservados”, será demandado por inconstitucional. Insistió en que seguirá pidiendo que se haga público a quién contrata y cuánto paga el Estado por las demandas internacionales.
Remarcó qué de confidencial y qué de estratégico puede tener el hecho de saberse a qué abogados internacionales contratan o cuántos son los honorarios que les reconocen.
Peor aún, dijo, si estos casos ya están terminados, “si ya les pagaron a las empresas que nacionalizaron, en qué perjudicaría”. Para el senador hay algo oscuro en no querer revelar las contrataciones.
“Obviamente aquí están escondiendo algo y están atentando contra la transparencia de la gestión pública establecida en la Constitución Política del Estado y contra el derecho a la información”.
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