Concedió libertad el juez y sancionó a efectivos del DACI

El juez cuarto de ejecución penal, Abraham Aguirre, concedió ayer la acción de libertad interpuesta por Patricia Mendoza y Andrea Tellería, juez y secretaria del juzgado cuarto de sentencia penal, en contra de cinco efectivos de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), por el arresto ilegal del que fue víctima, en una audiencia en la que procesaba a tres ancianos sobre la base en supuesta documentación falsificada, por la disputa de una propiedad en el centro paceño.

"El día martes se ha irrumpido en mi juzgado, con policías y medios de comunicación, en un arresto totalmente ilegal, dañando mi dignidad, en tal sentido se ha presentado una acción de libertad para que se reestablezcan mis derechos”, declaró a EL DIARIO la juez Mendoza.

BS 50 MIL

Si bien la juez Mendoza presentó memorial citando cinco nombres, el juez sólo se refirió a cuatro y determinó que además de anular todo el operativo y las acciones que se dieron como resultado, los uniformados deben pagar la suma de Bs 50.000 por daños y perjuicios a su imagen y de la secretaria.

“Se ha dispuesto conceder la tutela (de acción de libertad a la juez y la secretaria), es decir que ha habido privación de libertad indebida, por ese motivo también se ha advertido indicio por la comisión de delitos: allanamiento, apropiación de objetos del juzgado, expedientes de grabadora, también considerado como atentado al trabajo”, detalló el juez Aguirre a EL DIARIO.

RESPONSABILIDAD DE FISCAL

En ese contexto, el juez Aguirre reveló que existió, asimismo, negligencia en la actuación del fiscal Flavio Maldonado, por abrir un caso sin pruebas, por lo que anunció que remitirá los antecedentes a la misma Fiscalía para que se le inicie por separado un proceso penal por los delitos mencionados.

“También se ha advertido responsabilidad del fiscal, pero eso lo va disponer el Tribunal Constitucional (en la etapa de revisión de la resolución)”, señaló Aguirre.

Por su lado, Cristian Tamayo, abogado de la juez, recalcó que se dispuso la nulidad de todas las acciones de los policías en contra de sus clientes y el proceso iniciado por el fiscal Maldonado.

“Ha determinado responsabilidad en el fiscal, por no haber desestimado esta denuncia, teniendo conocimiento que no había indicios de un delito (…) vamos a analizar con nuestras clientes si se va iniciar un proceso contra esta autoridad por no haberse pronunciado de forma adecuada”, aseveró Tamayo.

ANTECEDENTE

El pasado martes, el juzgado de Patricia Mendoza fue intervenido por el DACI a denuncia del abogado Humberto Borges, en un operativo de acción directa por el supuesto delito en flagrancia. Señaló que la misma estaba dando inicio a un juicio contra tres ancianos con documentos falsos como prueba en su contra, testimonios de propiedad de una casa presentados por el abogado Gastón Cárdenas.

El 14 de mayo, la juez Mendoza desestimó los incidentes de excepción presentados antes del inicio del juicio por el abogado Borges.

Según la explicación de la juez, esa es la razón por la que no existía flagrancia, ya que la resolución era del 14 de mayo, misma que pudo ser apelada pero no fue hecho por Borges.