6 memoriales de Mesa rechazan acusación

El expresidente Carlos Mesa remitió hasta la fecha seis memoriales a la Fiscalía General del Estado, donde solicita que rechace la proposición acusatoria que presentó la Procuraduría General del Estado y el archivo de obrados, plantea nuevos argumentos para que sean valorados por esa instancia.

En los memoriales presentados, la exautoridad hace un recuento de varias “irregularidades” en las que incurrió la defensa a cargo de la Procuraduría General del Estado en el laudo arbitral con la empresa chilena Quiborax ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y que determinó que Bolivia pague $us 42,6 millones a la transnacional chilena.

En el documento que presentó ayer explica el resarcimiento económico que se hace a la empresa chilena Quiborax S.A. y su controlada Non Metallic Minerals S.A. mediante Decreto Supremo 3582 del 6 de junio de la presente gestión, donde puntualiza que hubo una tercera negociación que no corresponde a la sentencia que emitió el Ciadi.

“El monto de indemnización reconocido a favor de las demandantes en el proceso arbitral denominado Quiborax no es el que surge del Laudo Arbitral, el monto que establece esta sentencia es de 48.619.578 dólares. En consecuencia, la segunda precisión que debe hacerse es que el monto establecido en el citado DS no corresponde al cumplimiento y ejecución del laudo arbitral…”, detalla el memorial enviado a esa instancia judicial.

MEMORIALES

En el primer escrito que se presentó el 30 de mayo hace una explicación detallada de los procesos administrativos que se ejecutó en su gobierno para la reversión de las concesiones mineras de la firma chilena que explotaba ulexita en el salar de Uyuni, porque se encontraron irregularidades.

Promulgó la Ley N° 2564 que amplió la superficie de la reserva fiscal del Salar de Uyuni para evitar concesiones y/o autorizaciones fraudulentas o contrarias a los intereses del país, posteriormente se aprobó el Decreto Supremo N° 27589 donde se determina la reversión de las concesiones.

En un segundo memorial demandó que el principal accionista de la firma, David Moscoso admitió que falsificó un acta de la junta de accionistas de NMM (Non Metallic Mineral) del 13 de septiembre de 2001, la cual sustituyó a un documento similar que fue suscrito el 11 de septiembre de la misma gestión.

El acta fraguada fue la base para que la empresa comience el juicio internacional contra el estado boliviano, a pesar de esa irregularidad la defensa legal boliviana no ejecutó ninguna acción.

AMPLIACIÓN DE DENUNCIA

En un tercer escrito del 18 de junio, Mesa pide al Fiscal General incluir en las investigaciones a los ministros de Minería Cesar Navarro, de Justicia Héctor Arce; además del procurador, Pablo Menacho y la subprocuradora Elizabeth Arismendi, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, porque se evidenciaron al menos cuatro situaciones en los que incurrió la defensa boliviana.

ABROGACIÓN

El cuarto memorial remitido a la Fiscalía explica sobre la abrogación del Decreto Supremo Nº 27589, el cual efectuado en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, por lo que esta norma cuestionada fue anulada quedando vigente el DS 28527 de 16 de diciembre de 2005, que ratifica la reversión de las concesiones.

PLAZO

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Edwin Aguayo, señaló que este 9 de julio se cumple el plazo de 30 días para que el Ministerio Público se pronuncie sobre la acusación planteada desde la Procuraduría en contra del expresidente, por el caso Quiborax.

En caso de que se viabilice la denuncia, desde el TSJ se controlarán las garantías constitucionales durante el proceso de investigación, además dijo que no es posible hacer “ningún pronunciamiento de fondo, hasta que se pueda presentar un rechazo o acusación en contra del señor Carlos Mesa”.

Por su parte el diputado del MAS, Elmar Callejas advirtió que el Ministerio Público debe presentar una resolución aceptando la acusación que presentó el Gobierno, porque se encontraron indicios de responsabilidad.