América Latina
• 1 de cada 3 mujeres en Bolivia experimenta violencia sexual cada año, y 4 de cada 5 están expuestas a algún tipo de violencia, en algún momento de su vida, revela un informe difundido por el (BID)
Bolivia es el segundo país de Latinoamérica con indicadores más altos sobre violencia sexual, ya que 1 de cada 3 mujeres experimenta esta situación cada año, y 4 de cada 5 se ven expuestas a algún tipo de violencia en algún momento de su vida, señala un informe difundido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Igarapé, de Brasil.
El estudio del BID sobre seguridad ciudadana “Haciendo de la Ciudades Lugares Más Seguros”, a junio del 2016, refiere que la población femenina enfrenta las tasas de violencia de género y doméstica más altas. Indicadores del Observatorio Manuela del Centro De Información y Desarrollo de la Mujer – CIDEM estima que en Bolivia se produce un “feminicidio” (asesinato motivado por razones de género) al menos una vez cada tres días.
Este indicador, según el estudio, tiene que ver con la alta vulnerabilidad de las mujeres en el área rural, lo que deriva en una doble discriminación. Ante tal situación, en el país se han puesto en ejecución varias iniciativas destinadas a prevenir la violencia contra la mujer y mejorar el acceso a servicios efectivos o recursos para auxiliar a las víctimas.
Con el objetivo de reducir los preocupantes indicadores de violencia contra las mujeres, identificando los riesgos y vulnerabilidades clave que afectan a las mujeres en Bolivia, entre 2010 y 2011 se puso en marcha las denominadas “Estrategias locales de prevención y atención de la violencia basada en género” y se aplican en cuatro comunidades rurales bolivianas: Pucarani (departamento de La Paz), Punata (departamento de Cochabamba), Challapata (departamento de Oruro) y Uriondo (departamento de Tarija). En total, incluyó a 7.022 mujeres y niñas y a 4.748 hombres y niños.
EDUCACIÓN Y DERECHOS
El proceso de estudio y concienciación, tomó como uno de los pilares fundamentales la educación y capacitación de las comunidades y las organizaciones sociales, mediante campañas de difusión a través de ferias educativas, publicidad en la radio y campañas de movilización que rechazaran la violencia contra las mujeres en la comunidad.
Este mismo estudio, cuyos otros componentes tienen que ver con la capacidades de asistir a las víctimas de violencia y fortalecer sus capacidades para que defiendan sus derechos, revela que una severa deficiencia es la falta de infraestructura.
A modo de ejemplo, se estableió que en Pucarani y Challapata, ciudades intermedias, no existía una oficina de Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM ) lo cual hizo necesaria la labor hacer que la normativa sea aplicada. Otros obstáculos fueron la persistencia de las reglas culturales que discriminan a las mujeres y la violencia doméstica de rutina normalizada.
EN CIFRAS
Recientemente, la Fiscalía General del Estado emitió un informe sobre indicadores de violencia contra las mujeres al primer semestre del 2018, donde se revela que hubo 61 casos de feminicidios, es decir un promedio de 10 feminicidos por mes entre enero y junio de este año, y 37 infanticidios.
Los mismos datos del Ministerio Público de Bolivia señalan que de 1.164 casos de violaciones el 37,6 por ciento las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes.
“En el tema de violación, por ejemplo, tenemos 726 casos de violación en el semestre, en todos el país. Expresamente, en los de violación a infante, niño, niña, adolescente, hubo 438 casos en el país, en lo que va del semestre”, detalló.
En estos seis meses de lo que va del año, se registraron 12.746 casos de violencia intrafamiliar y doméstica, lo que significa un incremento del 15 por ciento de este delito, con relación al primer semestre de las gestiones 2016 y 2017.
“El departamento que tiene mayor índice de violencia es Santa Cruz, con 3.471 casos, luego La Paz con 2.750 y Cochabamba con 2.453. Es preocupante, sin duda, pero estos son los casos y denuncias que llegan al Ministerio Público en cada una de nuestras fiscalías departamentales”, expresa el informe del Ministerio Público.
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