“No suena nada bien que el propio Estado boliviano esté enjuiciando a su propio vocero (de la demanda marítima), en un proceso que está viciado de cosas muy raras”, fue una de varias opiniones de los líderes de la oposición que expresaron su apoyo unánime al expresidente Carlos Mesa, quien enfrenta un posible juicio de responsabilidades por el caso Quiborax.
Días atrás, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentó el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra del expresidente Mesa, en el marco del caso Quiborax.
La presentación fue realizada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la ciudad de Sucre. Los tipos penales denunciados son resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Ante este hecho, el ámbito político contrario al MAS expresó su solidaridad con el exmandatario.
“Nos solidarizamos con el expresidente Mesa, pero al mismo tiempo exigimos que se lleve adelante una verdadera investigación imparcial, absolutamente imparcial y alejada de cualquier interés político”, afirmó el líder de Sol.bo. Luis Revilla.
El político rechazó que el Estado boliviano, a través de la Procuraduría General del Estado, haya pagado 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, cuando sabía que se presentó un documento falsificado para demandar a Bolivia.
En tanto, el expresidente Jorge Quiroga Ramírez protestó porque el Gobierno ha desplazado toda su “artillería” y su “guillotina” contra el vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, en vez de “perseguir a los piratas chilenos”, refiriéndose a los ejecutivos la empresa chilena Quiborax.
El exmandatario expresó a Mesa su apoyo en la “viacrucis” que representa ser juzgado por móviles políticos, también emplazó al Gobierno a asumir acciones legales contra los “piratas chilenos” y especialmente contra David Moscoso, dueño del 49% de las acciones de la sociedad Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax, a quien calificó de “testaferro boliviano”.
“Que el vocero de la demanda marítima (Carlos Mesa) esté siendo proc esado porque unos piratas chilenos, en contubernio con un fraguador y falsificador boliviano hubiesen cometido falsificaciones documentales, para acceder a la protección de un Tratado, al cual no tenían acceso sin la falsificación, ese es el tema de fondo”, declaró Quiroga.
Lamentó que la persecución sea contra Mesa que no tiene los 42,6 millones de dólares, sino Moscoso, uno de los falsificadores que terminó beneficiario del millonario pago que hizo el Estado boliviano a la empresa Quiborax, la que invirtió en el país menos de un millón de dólares.
“Procesan al vocero marítimo por acción de los piratas chilenos (…) lo persiguen, en vez de perseguir a los piratas chilenos y al testaferro boliviano”, repudió así el expresidente Quiroga, la decisión de las autoridades del Gobierno que impulsaron la demanda contra el vocero de la demanda marítima.
Otro de los políticos que respaldó a Mesa fue el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.
“El juicio al expresidente Carlos Mesa muestra el abuso del que es capaz este gobierno. Nuestra solidaridad ciudadana con Carlos y con todos los perseguidos políticos del gobierno”, escribió Doria Medina, a través de su cuenta de Twitter.
Asimismo, el Movimiento Demócrata Social (MDS) emitió un comunicado público de respaldo a Mesa.
En el mismo se “rechaza la persecución judicial desatada en contra del expresidente” que pretende “silenciar al exmandatario sobre la pésima defensa del Estado en el caso Quiborax”.
El alcalde Luis Revilla expresó su pesar por la acusación que el Estado Boliviano sigue contra el expresidente y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, por el caso Quiborax y dijo que esto podría dañar el proceso de la demanda marítima contra Chile que tiene Bolivia en la corte de La Haya.
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