Contradicciones sobre destino de nave
Las autoridades de la administración gubernamental se contradicen respecto del destino del lujoso jet Gulfstream GIII con matrícula N557JK, mientras el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, afirmó que este puede ser recuperado, previo pago de los costos aeroportuarios y servicios inherentes; la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, descartó toda posibilidad de que la aeronave sea devuelta a sus dueños.
En contradicción con la autoridad de Aduanas, el ministro Claros señaló que de manifestarse voluntad para gestionar la devolución de la aeronave se dará curso. Sin embargo, según manifiesta Ardaya, al haber permanecido la nave en territorio nacional más de 30 días sin que regularizara su situación pasa a tener calidad de contrabando.
Según una entrevista reproducida por la agencia noticiosa Fides, afirmó que “por supuesto que no” sería devuelto el avión. “Este es un avión que ha estado en el país, pero internado en el país. Que haya llegado a una pista, okey legal; pero la internación, el quedarse y la estadía ya es de contrabando”, dijo Ardaya.
ADJUDICACIÓN
Por su lado, el diputado opositor Tomás Monasterios ayer volvió a observar la información emitida por el Gobierno, sobre las irregularidades en la adjudicación del avión de lujo al Ministerio de la Presidencia y reveló que los propietarios de la aeronave pagaron a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) 68.044 bolivianos, por el tiempo permaneció varada en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz.
“Quiero hacer públicos los documentos que certifican que el avión no fue abandonado, sino que se hizo una prestación de servicios para que pueda estar en calidad de depósito (en el aeropuerto) hasta que profesionales en tema aeronáutico del extranjero lleguen al país para reparar la falla del aparato”, explicó Monasterios.
El asambleísta presentó las facturas 031283, 031284 y 031289, giradas por Aasana a nombre de Ricardo Javier Torres Mayet y del Bank of Utah Trustee, emitidas entre el 4 y 5 de diciembre de 2017, mediante las cuales se evidencia que los propietarios pagaron en total Bs 68.044 por la permanencia de la aeronave en suelo boliviano.
“No entiendo cómo es posible que la DGAC y la Aduana vengan a negar algo que está en documentos”, expresó Monasterio.
INFORMACIÓN POCO CLARA
Por razones aún no esclarecidas, el avión fue abandonado en un aeropuerto de Santa Cruz, y tras conocerse este hecho el diputado opositor, Tomás Monasterio, denunció que autoridades del Gobierno ocultaron información para apropiarse del jet.
Según se conoce, la lujosa aeronave salió del aeropuerto de Cozumel, México y aterrizó en Viru, y posteriormente se dirigió al aeropuerto de El Trompillo donde fue abandonado. La documentación dice que la aeronave solo tenía autorización de permanecer en el país por tres días, del 7 al 9 de abril de 2017.
Por otra parte, el ministro de Obras Públicas, señaló que el precio estimado del avión es de apenas $us 500 mil dólares por la depreciación ya que la aeronave data de 1984 y no así de $us 10 millones como inicialmente se informara.
“(Los opositores al Gobierno) se meten en temas que no conocen, no veo la necesidad de inventar otra historia. Si los dueños, los propietarios de este avión, tienen la buena voluntad y la fe de resolver el problema, claro que hay (posibilidades de recuperar el avión), tienen que pagar las multas, las sanciones”, nuevamente señaló.
A su vez, el ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Aparicio, el lunes pasado reveló que la incautación del Jet de lujo, Gulfstream GIII con matrícula N557JK se realizó por iniciativa de esa instancia, según la nota enviada el 26 de febrero de este año, dirigida a la presidente de la ANB, donde alertan sobre la permanencia de esa aeronave en el aeropuerto de El Trompillo, en Santa Cruz.
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