Decreto secreto que esconde una picardía

La contratación secreta de bufetes de abogados, que la Procuraduría General del Estado realice, así como la de eximir a esa institución de la obligación de presentar su rendición de cuentas, son dos disposiciones que el gobierno ha promulgado, mediante el insólito Decreto Supremo 2.698, fechado el pasado 9 de marzo de 2016, dando paso a la violación de todas las normas que deben regir a ese ente fiscalizador.

Es de esta manera que la procuraduría, en un acto sin precedentes, se ha negado a revelar los nombres de los estudios jurídicos contratados por el Estado para asumir su defensa en los juicios internacionales que, por demandas de indemnización por ciertas “nacionalizaciones” han sido incoadas, como sucedió en el caso Quiborax.

Recordemos que, cuando se decretó la nacionalización de las minas en 1953, se firmó un acuerdo con Patiño, Hochshild y Aramayo donde, de acuerdo con un precepto constitucional, se pagó a las empresas afectadas una indemnización de 21 millones de dólares, en el plazo convenido entre 1953 y 1961, con dinero que provino, obviamente, de la propia producción. Dicho acuerdo fue celebrado por el entonces embajador Edward J. Sparks, a través de un telegrama que envió al Departamento de Estado donde señala su total complacencia, según documentación (FRUS, 1952-1954, vol. IV, No 149) existente en la Oficina del Historiador de dicho Departamento.

Volviendo nuevamente al escandaloso caso de Quiborax, ahora nos enteramos de que el empresario boliviano David Moscoso, dueño del 49% de las acciones de esa sociedad, luego de presentar un documento falso de constitución de su empresa, que sirvió de suficiente instrumento para iniciar el proceso de arbitraje contra Bolivia ante el CIADI, y haber confesado ese delito, recibió del Estado boliviano 20,8 millones de dólares de compensación por haber ganado el proceso. ¡Qué lástima que los tres barones del estaño, que conformaban el tal llamado súper estado minero, no hubiesen conocido antes a este trapisondista que, con solo forjar un documento, se llevó la misma cuantía de dinero que los tres juntos!

Lo peor es que este bribón, luego de habérsele condenado a dos años de cárcel por su venta de la patria, fue perdonado judicialmente después de haber confesado su responsabilidad en la falsificación del documento constitutivo de su empresa. ¡Vaya manejo de justicia! Quizás habría sido mejor condenarlo por separatista y así estaría purgando todavía una condena casi perpetua, como la de los “combatientes” del Porvenir o del Hotel de las Américas.

Y volviendo al secretismo del decreto supremo de marras y deteniéndonos en lo que dispone en su artículo quinto que a la sazón señala: “Se establece la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas en el marco del presente DS, por la naturaleza estratégica de la precautela y defensa de los intereses del Estado”, haciendo un esfuerzo para decodificar ese enunciado, debemos convenir que la intencionalidad de este decreto secreto es esconder una serie de picardías.