Mesa no confía que ministros sean investigados

El expresidente Carlos Mesa no confía que la Fiscalía departamental inicie una investigación en contra de los ministros de Minería y de Justicia; además del Procurador General del Estado y la exministra de Defensa Legal del Estado por el caso Quiborax. La denuncia se encuentra en la Unidad de Análisis de esa instancia judicial.

“Debiera hacerse una investigación nueva, no podemos confiar en la Fiscalía porque es una pieza lamentable del poder Ejecutivo como se ha demostrado con esta investigación mal hecha y sesgada, por tanto, no confío en lo que pueda hacer la Fiscalía y eso no quita de que no presentemos ante el Tribunal Supremo de Justicia la complementación de esta acusación”, explicó ayer el expresidente.

El pasado 18 de junio, Mesa presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra estas cuatro autoridades del gobierno de Evo Morales, para que sean incluidos en las investigaciones por el caso Quiborax, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

En mayo del 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), después de nueve años de conflicto legal, determinó que Bolivia debía pagar 48,6 millones de dólares a la chilena Quiborax por el despojo de la posesión que tenía en el salar de Uyuni y pese a las apelaciones, el fallo no fue revertido.

ANÁLISIS

Por su parte, el fiscal departamental Edwin Blanco, manifestó que esta denuncia fue remitida a la Unidad de Análisis para que el Fiscal de Materia lo evalúe y emita un informe para viabilizar o no el proceso de investigación contra los ministros Héctor Arce, de Justicia y César Navarro, de Minería; además al actual procurador Pablo Menacho; y a la exministra de Defensa Legal del Estado Elizabeth Arismendi.

“Queremos ver los resultados del fiscal analista y en virtud a ello se tomará una decisión, por ahora si ratificamos que la denuncia está en la unidad de análisis de la Fiscalía Departamental y conforme a procedimiento contaremos con un resultado”, dijo Blanco.

Ante esto, el vocero de la causa marítima advirtió que no se puede dividir el proceso de juicio de responsabilidades en una investigación penal, puesto que al ser la persona con mayor responsabilidad en el caso deben ser incluidos el resto de los denunciados.

Sin embargo, el fiscal general Ramiro Guerrero señaló anteriormente que las autoridades denunciadas por el expresidente, no gozan por los privilegios constitucionales y no pueden se procesados bajo la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades de Estado.

DENUNCIA PENAL

Tras conocer que la fiscalía departamental retiró la acusación contra 8 accionistas de la empresa Non Metallic Minerals Quiborax, el diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría anunció que presentará una querella contra el fiscal Edwin Blanco.

“Lo que vamos a evaluar es iniciar una acción penal en contra del fiscal departamental, Edwin Blanco y los fiscales que han sido parte de este proceso que ha terminado beneficiando a una transnacional chilena. Con claridad han incurrido en incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución”, sustentó el legislador.

La explicación de Blanco respecto al retiro de acusación fue bastante escueta y dijo que los fundamentos son públicos y que no ingresará en la especulación de información por los medios de comunicación.

Según la resolución del 5 de junio firmado por el fiscal departamental Edwin blanco, al que tuvo acceso EL DIARIO, se autorizó el retiro de acusación contra los accionistas de la empresa chilena, quienes eran investigados por los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificados, incumpliendo de deberes y estafa.

Día después el Tribunal de Sentencia Cuarto emitió una resolución de sentencia absolutoria a favor de los acusados, que se basó en los argumentos presentados por la Fiscalía.