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Traslado de San Pedro

Complejo penitenciario en Chonchocoro


El Gobierno tomó la determinación de trasladar la cárcel de San Pedro al complejo penitenciario de Chonchocoro, las autoridades sectoriales aceleran las gestiones que permitan las construcciones necesarias con las respectivas medidas de alta seguridad, anunció el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

“Luego de Palmasola, al Gobierno le preocupa San Pedro. Es complicada la decisión de cerrar San Pedro pero está tomada y estamos en pleno camino. Haremos las construcciones necesarias (para más de tres mil internos)”, refirió la autoridad, tras señalar que este proceso es trabajado junto a las autoridades de los gobiernos locales.

No obstante, Quiroga aclaró que si bien el proyecto de este complejo penitenciario no es nuevo, el Ministerio de Gobierno está trabajando para apresurar su ejecución y que se concrete en el menor tiempo posible. Entretanto, se toman medidas alternativas que permitan mantener los necesarios niveles de seguridad y control.

“Una vez concluido el complejo carcelario será uno de los centros ‘a la vanguardia en Sudamérica’, porque vamos a introducir tecnología de punta y tendremos una infraestructura adecuada para los privados de libertad. La decisión de cerrar San Pedro está tomada, sabemos que es muy complicado”, apuntó.

Con relación al financiamiento para la ejecución del proyecto, cuyo costo total será conocido una vez se tenga el proyecto a diseño final concluido, parte de esta serán fondos provenientes de su transferencia, además de otros recursos que también podrían ser gestionados junto a la Gobernación y al municipio.

A modo de referencia, el Viceministro de Régimen Interior señaló que los predios para la construcción de los recintos penitenciarios son transferidos por los gobiernos departamentales o locales, dentro de sus competencias, no así como se afirmó días atrás en sentido de que hubiera actuación irregular de las autoridades del Gobierno Central en el caso de Palamasola.

“Son terrenos transferidos en condiciones alodiales de propiedad Departamental. La autoridad departamental toma decisiones y asumimos, pues, que es de su propiedad y vemos la predisposición para trabajar de manera conjunta en las políticas penitenciarias”, refirió Quiroga.

INVERSIÓN EN CÁRCELES

Datos del viceministerio señalan que entre 2010 y 2017 el Estado invirtió Bs 51.9 millones en obras de infraestructura en las penitenciarías y hasta fines de esta gestión se espera la conclusión de la cárcel de Uyuni, recinto que contará con un bloque de alta seguridad.

Sólo en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, la inversión en infraestructura alcanzó a Bs 13, 3 millones, los que a decir de la autoridad son ampliamente insuficientes. Entre las obras de infraestructura, como las puestos de control (PC), entre estos el PC 7, las casetas de ingreso, el muro perimetral, además de un bloque administrativo cuya construcción demandó Bs 1.8 millones.

En refacciones, servicios básicos, áreas comunes y ampliaciones, entre el 2010 al 2017, la inversión alcanzó a Bs 9 millones, además de habilitar espacios para talleres destinados a la realización de terapias laborales, como parte de los programas de rehabilitación social. Su monto alcanzó a los Bs 283 mil.

Sin embargo, la mayor inversión en infraestructura carcelaria tienen que ver con los proyectos de pre-inversión para el complejo de Chonchocoro, con proyección para atender a 3.100 privados de libertad. El proyecto del complejo carcelario Palmasola está previsto para 10 mil personas, mientras que el proyecto Arani, de Cochabamba, tendrá capacidad para cinco mil personas.

La preinversión en los proyectos de complejos carcelarios, dentro de la política penitenciaria, entre 2017 y 2018, alcanza a los Bs 2,3 millones, de los cuales la atención a Palmasola tiene particular importancia.

“Hay esfuerzos por parte del Estado. Seguro que no suficientes (…) estos tres proyectos van a resolver el drama del hacinamiento en el sistema carcelario a nivel nacional”, refirió Quiroga, a tiempo de explicar que los trabajos de acondicionamiento o mejoras que realizan los privados de libertad tiene que ver con su involucramiento con los programas de resocialización.

 
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