Entregan a miles de menores a sus padres

San Diego (EEUU).- Tras incumplir la orden judicial de entregar a sus padres a 102 menores de 5 años, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, enfrenta desde ayer el reto de reunificar para el 26 de julio a entre 2.000 y 3.000 menores de edad detenidos tras cruzar la frontera con México.

El juez federal de San Diego (California) Dana Sabraw fue rotundo al decir al Gobierno que los plazos que había impuesto estaban para ser cumplidos, pero aun así la administración Trump sólo se había comprometido a liberar a una treintena de menores de 5 años antes de que se cumpliesen las dos semanas que les había dado.

Hasta mediodía del miércoles, aún no se han presentado cifras oficiales que detallen cuántos menores regresaron con sus padres antes del vencimiento del plazo y fueron puestos en libertad con un grillete electrónico.

DOCUMENTO OFICIAL

En un documento judicial presentado a primera hora de este martes, el Departamento de Justicia explicó que había entregado a cuatro menores y que había otros 34 casos más que tenía previsto devolver a sus padres ese mismo día.

Para ampliar dicho número, el Gobierno dijo que esperaba ayer los resultados de pruebas de ADN de menores y padres.

Pero los 38 niños que dijo que podría liberar distan mucho del centenar de casos que el juez ordenó que se resolviesen para ayer -de los cuales, 75 eran elegibles para ello-, por lo que el Gobierno le deberá presentar un informe este jueves con los motivos y el tiempo que requerirá para hacer lo propio con el grupo restante.

De nuevo, el juez ha citado en corte a ambas partes desde hoy e insinuó que estas audiencias serán frecuentes hasta que todos los niños elegibles sean reunificados con sus padres.

PLAZO

Por tal motivo, los demandantes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), temen se repita la situación con el plazo, cuando deben entregar a entre 2.000 y 3.000 menores separados de sus familias como parte de su política de “tolerancia cero” con la inmigración ilegal iniciada en abril pasado.

Y todo pese a que Sabraw enfatizó que las fechas son “plazos firmes” y no “metas aspiracionales” para así acabar cuanto antes con esta medida que fue retirada en junio pasado por Trump tras unas enormes críticas que le obligaron a suavizar su tan cacareada “tolerancia cero” y dejar que padres e hijos permanezcan juntos.

“El juez no quiere juegos con estas fechas”, subrayó a la agencia EFE Bardis Vakili, abogado de la ACLU en San Diego. “El 26 (de julio) es la fecha y el Gobierno necesita trabajar para respetarla”. (EFE)