Sobre inversión privada e inversión pública ¡productivas!

El Diccionario de Economía Política define Inversión como el empleo productivo de los bienes económicos, es decir, la actividad que da como resultado una magnitud de bienes económicos mayor que la empleada. Estos medios económicos pueden consistir en riquezas o medios monetarios. “El sujeto privado lleva a cabo sus inversiones con medios monetarios; desde su punto de vista la inversión consiste en el empleo de una suma de dinero que, tras un período más o menos largo, da como resultado una suma mayor. Para la persona privada es inversión la compra de bienes duraderos (tierras, edificios), que producen una renta monetaria, la adquisición de títulos, el depósito de dinero en un banco. Para el empresario privado es inversión todo gasto que efectúa para mantener en funcionamiento y ampliar su empresa, a condición de que mediante su actividad obtenga un excedente, una renta neta igual, por lo menos, al tipo de interés corriente en el mercado”.

Ciertamente, la inversión es privada si se alinea en el concepto que se lee en el párrafo de arriba; pero, por otra parte, el Estado debe realizar inversiones que, precisamente, son las adecuadas para grandes proyectos a los que se asigna cifras millonarias, con financiamientos que como inversiones públicas, no siempre van a resultar siendo productivas, por lo menos no en el corto plazo. La inversión pública, básicamente, debe ejecutar proyectos utilizando dineros recaudados por impuestos, para reinvertirlos en beneficios dirigidos a la población, representada en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las actividades comerciales, generación de empleo, protección de derechos fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida en general; incrementar, modernizar, reponer, reconstruir y mejorar la capacidad del país para producir bienes y servicios.

Primordialmente, una inversión productiva consiste en aquella destinada a los sectores hidrocarburos, agropecuaria, industria y turismo, minería, multisectorial y otros. La inversión en infraestructura está compuesta por los gastos de inversión en transporte, recursos hídricos, energía y comunicaciones, mientras que la inversión social aglutina a los sectores de salud y seguridad social, saneamiento básico, urbanismo y vivienda, educación y cultura, líneas que sustenta como real ejecución el Presupuesto General del Estado 2018.

Entre los proyectos de Inversión Pública que podrían haberse encuadrado a la condición de “productiva”, el gobierno no ha concretado sus expectativas; sumas millonarias en proyectos, que no han llenado ese objetivo porque, según opinión generalizada, han resultado “un estruendoso fracaso”.

El economista canadiense Murray D. Bryce -Proyectos Industriales- destaca la condición, en apoyo al rol del Estado, de que los proyectos significativos deben ser emprendidos por el sector público, en caso contrario, si se deja a la iniciativa privada nunca serán ejecutados. Pero a su vez explica y aclara el hecho de que “para una empresa oficial (pública) la vida es, generalmente, mucho más complicada y confusa. “Es inevitable que los dirigentes políticos digan que la nueva industria tendrá grandes beneficios, que se empleará para mejorar la educación y otras actividades públicas; que producirá a costes tan bajos que se reducirán los precios para el consumidor; que proporcionará un mercado para las materias primas, y que por éstas pagarán mejor; finalmente, que los trabajadores encontrarán condiciones de trabajo más agradables que hasta entonces, y que tendrán mayores ingresos”.

Finalmente, Murray remata en el hecho de aun haber expresado “que los grandes proyectos deben ser emprendidos por el Estado, se llega a la situación, en definitiva, de tropezar con que la empresa oficial (pública) desvía su orientación como negocio porque surge, en parte, una interferencia política en su dirección”. “A personas sin una preparación satisfactoria, como no sea política, se les dan puestos de responsabilidad o, en un nivel más bajo, se les añade a las nóminas, ocasionando excedentes de personal y costos de producción altos”. Cuando fracasa un proyecto oficial (público), la inevitable pérdida se ve aumentada, generalmente por un largo período de funcionamiento con déficit, antes de que se tome una determinación y se arrastre las consecuencias políticas.