Adrián J. Álvarez Arismendi
En épocas de nuestros padres o hasta finales del pasado siglo, los conflictos familiares por lo general eran solucionados para mantener la relación de pareja y evitar el divorcio y la desintegración de la familia.
En la actualidad dichos modelos de núcleo familiar son escasos, siendo elevada la cantidad de divorcios que se presentan. Según informe del Servicio de Registro Cívico del Tribunal Supremo Electoral, en 2016, el último año considerado para este estudio, hubo 50.666 matrimonios, y en ese mismo periodo se registró un total de 17.793 disoluciones matrimoniales.
El número de matrimonios disueltos se ha duplicado, tomando en cuenta el periodo 2010-2015. A nivel nacional hubo 8.0426 divorcios en 2010, mientras que en 2016 se ha contabilizado 17.793 casos, de acuerdo con el informe de la instancia de Registro Civil.
Pero el divorcio no solo implica la separación de la pareja, sino ante todo la desintegración de la familia y un futuro incierto para los hijos, quienes deberán aprender a vivir con el padre o la madre en tiempos alternos, hasta que ellos sean mayores de edad y definan con quién desean continuar su desarrollo, aunque por lo general siempre es con la madre de familia.
Este proceso de establecer la guarda de los hijos e hijas, en muchos de los casos es definido en los estrados judiciales, donde el juez no registra algún estudio sobre las consecuencias de definir la guarda a favor de uno u otro progenitor. Mientras que en otros casos, los mismos padres de familia deciden incurrir en la comisión de un delito, como es el caso de sustracción de niña, niño o adolescente, sin el consentimiento de la pareja.
A nivel nacional, en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) se reportó cerca de 59 denuncias, de enero a marzo del presente año, siendo Santa Cruz el departamento donde más casos se presentaron, con 33 denuncias.
Las razones por las cuales los progenitores deciden cometer un delito, para lograr que un hijo o hija viva a su lado, son varias, desde no pagar pensiones, por venganza en contra de la expareja o por la imposibilidad de seguir viviendo sin la presencia de sus descendientes, entre otras.
Pero una vez que se interpone la denuncia de sustracción de un menor u adolescente, los padres y los hijos son quienes deben pasar por el tedioso proceso judicial, donde deben enfrentar la situación de tenencia de los hijos e hijas y el delito de sustracción de ellos. Tal factor de hecho generará traumas para los futuros ciudadanos en el proceso de conformar y desintegrar la familia, por decisión de los padres y por accionar de la propia justicia.
Las víctimas de estos casos, como son los hijos e hijas, de seguro no recibirán tratamiento psicológico para superar esta problemática que enfrentan a su corta edad, pero de seguro incidirá cuando ellos decidan conformar o no una familia.
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