Jet fue nacionalizado antes de transferirlo

La avioneta Jet Super Mid-Size- Gulfstream GIII incautada por la entidad aduanera en el aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz de la Sierra, fue nacionalizada antes de ser transferida al Ministerio de la Presidencia, aseguró ayer el gerente nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional, José Blacut. Paralelamente, desde Santa Cruz, el diputado Tomás Monasterio denunció ayer que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) prohibió su ingreso a ese aeropuerto para fiscalizar la nave aparcada desde abril de 2017.

De acuerdo con la explicación de la Dirección de Aeronáutica Civil, el Super Mid-Size- Gulfstream GIII, con matrícula N557JK, fue otorgado al Ministerio de la Presidencia porque no contaba con la póliza de admisión temporal que otorga la Aduana, trámite que no fue gestionado por los dueños o responsables de la nave una vez cumplidos los 30 días de plazo permitidos por la autoridad de aeronavegación civil.

“Una vez que se acaba este proceso de investigación, se transfiere al Ministerio de la Presidencia y también se hace una declaración única de importación, o sea, ya se la nacionaliza. La Aduana ha tomado acciones conforme a la normativa vigente”, remarcó.

Con relación a la deuda de la nave, explicó que se cumplieron las formalidades sobre su permanencia en el país por eso se procede a la intervención por contrabando”.

“Dentro del proceso que está en la Fiscalía hay un período de investigación con las garantías del debido proceso, han debido presentar la documentación con la que cuentan y el fiscal es el que resuelve”, explicó el ejecutivo.

OBJETAN FISCALIZACIÓN

Entretanto, el asambleísta Tomás Monasterio señaló que autoridades de la DGAC en Santa Cruz impidieron su ingreso al aeropuerto de El Trompillo para inspeccionar la nave en el marco del cumplimiento de sus funciones.

“Por instrucción expresa de la DGAC el diputado Monasterio no puede ingresar al predio del aeropuerto”, fue la respuesta que recibió el asambleísta por parte del jefe del aeropuerto, según denunció desde Santa Cruz.

ESCONDEN INFORMACIÓN

El parlamentario lamentó la disposición de la autoridad de la DGAC porque viola el derecho constitucional de fiscalizar los asuntos públicos. “Se está afectando un derecho constitucional. Se oculta información, se contradicen. Hay absoluta falta de transparencia en este caso escabroso”, protestó.

La empresa dueña del jet pagó con el Banco de Utah más de Bs 75.000 por el pernocte desde el día de su llega en abril hasta el 14 de diciembre de 2017.

Desde esa fecha se ha acumulado más de 60.000 bolivianos que a la fecha Aasana no precisa qué institución se hará cargo del adeudo, toda vez que la Aduana incautó el bien y el Ministero de la Presidencia recibió en calidad de adjudicado.