Familia aún convive entre violencia e injusticia

En el primer trimestre del presente año aún los hechos de violencia intrafamiliar o domestica continúan siendo los casos más denunciados por las víctimas o los familiares ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcv), instancia que, si bien recaba los casos, muchos de estos no son específicos y carecen de pericia policial.

Una denuncia interpuesta en la instancia policial por familiares de una posible víctima y una valoración psicológica, en el caso de violencia es suficiente para que el hecho sea registrado como una más de los casos, aspecto que puede concluir con la detención del presunto agresor o la remisión del mismo a un centro penitenciario, dependiendo de la valoración judicial que se aplique en cada uno de los hechos.

Esta facilitad permite que los datos denunciados a nivel nacional nuevamente sobresalgan como los casos más atendidos.

Hasta el primer trimestre se atendió 7.794 denuncias en todo el país, siendo Santa Cruz el departamento con más denuncias de 2.690 casos, seguido de La Paz con 1.743 y Cochabamba con 1.387 hechos.

De esta cantidad de denuncias solo el 2% se logra obtener resultados sentenciados en el ámbito del Ministerio Público, mientras que el restante de los hechos ingresa al proceso de apelaciones y procedimientos judiciales que puede concluir en el abandono de caso por parte de la víctima o peor aún en la dilatación del proceso como resultado de procedimientos lentos y costosos.

Martha U, es una de las víctimas de violencia por parte de su concubino, un hombre que pertenece a la institución policial, quien luego de haber sido remitido al penal de San Pedro en la ciudad de La Paz por un tiempo de siete meses, en la pasada gestión, esta persona, retornó a ser parte de la institución del orden y mantenerse destinado en la sede de gobierno, factor que influyó para que la víctima de violencia, abandone el proceso y el caso quede impune favoreciendo al sargento de policía.

En otros casos los supuestos agresores, son denunciados por familiares de sus ex parejas, con la finalidad de lograr algún resultado, ya sea para definir una detención preventiva o resolver algún otro proceso judicial pendiente, sea en el ámbito familiar o civil, como indica el ex fiscal Harold Jarandilla, quien la pasada semana observó que la norma 348 “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, en algunos casos está siendo utilizada para fines de “chantaje”, donde los casos son habilitados con un simple informe psicológico y la declaración de la denunciante, valoraciones que en el proceso judicial se evidencia que están carentes de pericia policial o los hechos que se hace referencia son demasiados ambiguos.

“Yo tengo un caso que se inició con falsedad y estamos terminando con violencia, del cual en un mes se tiene 11 procesos, desde el mes de octubre del pasado año a la fecha, por lo tanto, la norma deja de ser garantista, no se toma en cuenta la presunción de inocencia y se está vulnerando los derechos humanos de los acusados con evidencias o indicios no probados o creados falsamente”, observó.

Para Jarandilla y otros 10 abogados en materia penal y familiar, consultados por El Diario el 70% de los casos defendidos en la Ley 348 se refiere a que los sindicados, enfrentaban un proceso de índole civil, laboral o deudas económicas con las supuestas víctimas y al no avanzar dichos procesos, estas personas incluso son “orientadas” en oficinas de defensa legal gratuita, que la vía que permite que los acusados sean rápidamente aprendidos y encarcelados en base a la Ley 348, donde no necesariamente se exige la aplicación de un adecuado proceso de investigación científico, antes de la detención del supuesto acusado.

Por lo tanto, para el jurista los hechos de violencia no solo llegan de la mano del hombre o la mujer, sino en algunos casos de la mano de los procedimientos policiales y judiciales no bien definidos, que generan otra agresión mayor a las familias y el incremento de procesos judiciales.

MUNDO

Recordemos que el Compromiso a la Acción: Políticas Públicas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe a cargo de su representante en Guatemala, Adriana Quiñónez, en la pasada gestión observó que a nivel mundial una de cada tres mujeres es víctima de violencia.

Sin embargo, en América Latina y el Caribe dos de cada cinco féminas sufre violencia doméstica, alrededor del 30 % han sido víctimas de su pareja y 10,7 % sufrieron violencia sexual fuera de la pareja.

Si bien a nivel nacional se tiene avances en la fase de la denuncia, aún se desconoce sobre avances estructurales en los tratamientos posteriores a la denuncia que sean trabajados con la familia o víctimas de la violencia y los posibles agresores, para lograr una reinserción adecuada y legitima ante la sociedad.