El problema de provisión de alimentos a la población ha adquirido, en los últimos diez años, gravedad y preocupación debido a que la producción, especialmente en la región occidental, ha disminuido mucho debido a la incursiones del contrabando en este rubro. Son países productores como Perú, Chile y Argentina que proveen, mediante importaciones legales e ilegales buena cantidad de alimentos que consume la población.
El abandono de las áreas rurales por parte de la población campesina implica que no haya trabajo agrícola que permita cosechas importantes, especialmente porque, debido a errores en las disposiciones legales, las propiedades grandes han sido convertidas en minifundios y una mayoría de la población agraria no acepta sembradíos en poco terreno.
Los datos que se tiene sobre provisión de alimentos son escuetos, porque no cubren el universo de todo el país por regiones. De esta manera, el director del INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal) ha declarado que “hasta el año 2020 Bolivia podrá elevar la producción de alimentos de las 16,8 a 24 millones de toneladas al año”. El informe señala “hasta el año 2020” (ED 26-6-18), pero, la población se pregunta: ¿cuál es la realidad de los últimos años? ¿En qué medida afecta a la economía el hecho de tener que importarse lo que el país debería producir? ¿Cuáles son los criterios que tienen sobre la actual producción tanto el gobierno como los principales productores que, es sabido, han disminuido bastante?
Un dato muy escueto y poco claro del INIAF señala: “los resultados de la custodia de accesiones de recursos genéticos sobrepasan las 19 mil a la fecha, sobre todo granos andinos, cereales, leguminosas, hortalizas, tubérculos y raíces”. Son datos que no aclaran incógnitas que el pueblo tiene desde hace varios años, si bien las importaciones legales y las del contrabando cubren las necesidades de la población; pero lo que interesaría a todos es que toda producción alimentaria sea cubierta por el agro nacional y la industria agropecuaria que, evidentemente, siempre tiene posibilidades de interesantes crecimientos, especialmente en el departamento de Santa Cruz y valles.
El gobierno, en conjunción con el empresariado privado, debería ultimar esfuerzos con miras a elevar la producción; no hacerlo implica indiferencia y carencia de criterio en un asunto que debería ser vital, no solamente para labores gubernamentales, sino también para los productores de las áreas rurales. Propender a una habilitación de tierras productivas en la parte occidental del país debería ser labor prioritaria; de otro modo se corre el peligro de que, por ejemplo, la región altiplánica se convierta en páramos inservibles sujetos a una inminente desertización. Es preciso, entretanto, proporcionar datos a la población sobre la producción real en el país, inclusive para que los productores sepan a qué atenerse y cómo planificar sus futuras actividades destinadas a producir más y proveer más para el consumo.
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