Sector privado alza la voz

Cuando los sectores de la economía informal y también ilegal muestran que pueden influir en las decisiones del gobierno sobre política económica, y se han cansado de hacerlo, los voceros del sector formal han comenzado a descubrir que ellos también pueden decir sus cosas.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha roto un largo silencio, que había sido interpretado como una muestra de alianza con el gobierno, o de complicidad, y ahora está exigiendo que se respete la ley.

Un congreso extraordinario realizado en Santa Cruz en mayo pasado resolvió pedir algo que parecería inaudito escuchar ahora, en el Siglo XXI: que en Bolivia se respete al derecho a la propiedad privada. Eso a propósito de la ley que dicta la transferencia de empresas enteras a los sindicatos, pero sobre todo a propósito de la famosa Función Económica y Social (FES) que se aplica a la propiedad de la tierra y que se presta a hechos de extorsión que los afectados no se atreven a denunciar.

Pero ahora, el presidente de la CEPB ha decidido hablar más fuerte todavía y dice que el sector privado está cansado de los dictámenes salariales del gobierno y de los dobles aguinaldos, pero además denunció que el SIN ha decidido confiscar los pagos que reciben algunas empresas constructoras, pagos muy atrasados.

Las empresas constructoras nacionales, dice la cámara que las cobija, sólo reciben 10% de los contratos millonarios de la inversión pública, porque las privilegiadas son las empresas chinas, aunque algunas de ellas sean prófugas o hayan usado esclavos traídos desde su país.

Ronald Nostas, presidente de la CEPB, recuerda que el sector de la construcción representa 8% de las actividades privadas y absorbe 25% de la mano de obra, pero que ahora está en crisis por la desaceleración de la economía y también por la decisión del gobierno de demorar, y ahora confiscar, los pagos.

Los cocaleros del Chapare no tienen que respetar ninguna ley, que no sea la que se han autoimpuesto desde sus sindicatos, no tienen que pagar impuestos, pueden extender sus cultivos sin ningún temor y han conseguido que esa región concentre inversiones públicas que ya querrían recibir departamentos enteros.

Los voceros del sector formal, ese que representa 25% de las actividades económicas, pero que es sometido a políticas tributarias agresivas, ha decidido ahora levantar la voz.

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