Audiencia preliminar para acusados

Santo Domingo.- El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dominicana, Francisco Ortega, fijó para el 7 de agosto el inicio de la audiencia preliminar contra los siete acusados por el Ministerio Público de recibir los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró que pagó en el país.

A través de un auto dado a conocer por la SCJ, el juez da un plazo de 10 días a los acusados y al Ministerio Público “para que procedan a realizar o completar las diligencias, actos, réplicas, contrarréplicas, depósito de incidentes, excepciones, etcétera”.

La nueva audiencia fue anunciada después de que Ortega suspendiera sin fecha la visita que inició el 6 de julio contra siete políticos y empresarios acusados de recibir los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado en este país entre 2001 y 2014 para obtener la adjudicación de obras públicas.

Además, la decisión del juez se produjo entonces a raíz de un recurso de recusación interpuesto tres días antes por la defensa del expresidente del Senado y hasta hace poco presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista, uno de los imputados.

Anteriormente, Bautista, así como el empresario Ángel Rondón, a quien se acusa de distribuir el dinero; y el abogado Conrado Pittaluga, imputados también por este caso, recusaron al juez, lo que obligó a paralizar el proceso, pero la SCJ ratificó a Polanco para llevar a cabo la audiencia.

El argumento de los abogados de estos tres imputados para recusar a Ortega es que es el mismo juez que conoció las medidas cautelares que solicitó contra ellos el Ministerio Público el año pasado.

La lista de los imputados la completan el senador Tommy Galán, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD); el expresidente del Senado y miembro del PRM Jesús Vásquez, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa (PLD) y el exsenador Roberto Rodríguez (PRM).

El Ministerio Público los acusa de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.