Tariquía en riesgo de perder su estatus de intangibilidad

La asambleísta representante de la Comisión de Derechos Humanos (DDHH), María Lourdes Vaca, denunció públicamente que el Gobierno nacional tiene la intención de recortar la protección a la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, es decir estaría en peligro de perder su intangibilidad, lo que permitiría a las empresas petroleras realizar trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Según una publicación de El País, el martes 17 de este mes, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) convocó a diez comunidades de Tariquía para analizar una agenda que incluye la recategorización y rezonificación de la reserva, es decir que se evaluará si la reserva mantendrá su protección nacional. En caso de perderla, las empresas petroleras no tendrían los conflictos que tienen ahora para ingresar.

En su momento, las autoridades departamentales y municipales manifestaron su rechazo a la intervención de las petroleras dentro del área protegida y la plataforma Unidos por Tariquía presentó un recurso de inconstitucionalidad que procedió oficialmente en la ciudad de Sucre y la Comisión de Movilización y Estrategia Técnica está planificando nuevas acciones para reforzar la postura departamental, sin embargo, no fue suficiente.

“¿Qué estamos haciendo las autoridades del departamento de Tarija? necesitamos acciones inmediatas de cohesión de instituciones porque lo que está haciendo el MAS (Movimiento al Socialismo) es avanzar silenciosamente hacia el núcleo de Tariquía”, manifestó Vaca.

Para la rezonificación y la actualización del Plan de Manejo, vigente desde el año 2004, se necesitará realizar un procedimiento prolongado que incluya la aprobación de los comunarios de Tariquía y el resto de la población de departamento. La asambleísta cuestionó las atribuciones del Sernap al convocar y poner en agenda una cuestión departamental.

A su vez, el diputado Norman Lazarte expresó que “lamentablemente el Gobierno hará uso y abuso del poder” con la intención de ingresar a Tariquía y manipulará “artimañas” para utilizar los dos tercios de las comunidades que permitirán la modificación de la normativa que quite el estatus de reserva forestal intangible. Sostuvo que este tipo de estrategias deben poner en alerta a los tarijeños, más allá de los partidos políticos, para reaccionar a tiempo y no permitir que ingresen las empresas petroleras.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tomará las acciones respectivas. El proyecto de modificación a la normativa para recategorizar la Reserva de Tariquía no fue socializado y según Lazarte, se tomarán acciones en contra del Sernap.

“Se está queriendo hacer algo a ocultas. Hay una ley nacional que le da el carácter de reserva nacional y es área protegida. Eso no se puede recategorizar con la voluntad o con un par de reuniones, deberá haber una nueva ley para modificar la anterior”, dijo y advirtió que el accionar del Gobierno muestra que ese será el próximo paso.

El presidente del Comité Cívico, Juan Carlos Ramos Jurado, propuso que se organizará una movilización departamental en agosto para manifestar, una vez más, el desacuerdo que tiene la población del departamento frente a la exploración y explotación de hidrocarburos en la reserva de Tariquía y pedir al Gobierno una justificación por las últimas acciones.

“Vamos a volver al Ministerio de Hidrocarburos para que nos envíen esta documentación. Esta vez lo realizaremos de manera más contundente en base a la Constitución Política del Estado (CPE) y el derecho que tenemos los bolivianos de tener esta información que compete a todos los tarijeños”, declaró Ramos.

Por otro lado, senadores y dirigencia de la zona de Astillero de Tarija presentaron el 5 de julio de la presente gestión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una Acción de Inconstitucional Abstracta contra cuatro normas que dan luz verde al ingreso de empresas petroleras a la Reserva. El recurso busca que el TCP declare inconstitucionales las leyes 1014, 1015, 1049 y 1050, argumentando que dichas leyes van en contra de la Constitución Política del Estado (CPE).

CERTIFICACIÓN

Por otro lado, se informó que pese a las consultas desde las principales entidades públicas como ser la Brigada Parlamentaria, la Gobernación o la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), aún no se tiene novedad alguna sobre la certificación de reservas, estudio que permitirá conocer la realidad hidrocarburífera de Bolivia y especialmente de Tarija, que es el principal departamento productor del país.

La certificación de reservas según la Ley de Hidrocarburos vigente, debe realizarse periódicamente cada año; sin embargo, desde el año 2013 este estudio continúa pendiente, siendo la certificación oficial en ese entonces de 10,45 Trillones de Pies Cúbicos (TCF). Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se lanzó una licitación internacional que tras dos declaraciones desiertas, finalmente fue adjudicada a la empresa canadiense Sproule International Limited, que en fecha 1 de febrero se adjudicó el estudio de reservas que se tiene en Bolivia al 31 de diciembre de 2017.

Los resultados, según dan cuenta medios de prensa locales y nacionales, estarían listos acorde a lo informado por el Ministerio de Hidrocarburos en el mes de mayo o junio; sin embargo a la fecha ninguna de las instancias oficiales que conocen el tema hidrocarburífero, saben a ciencia cierta qué es lo que genera la retardación o al menos la publicación de los avances que se tienen en el trabajo de certificación y le cuesta al país 750.000 dólares.