Controversia con empresa Quiborax es de hace 30 años

El 7 de junio de la presente gestión, el Estado boliviano cumplió con el laudo arbitral que dictaminó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y pagó $us 42.6 millones a la empresa Non Metallic Minerals Quiborax. Este episodio fue el cierre de una controversia que data desde hace 30 años, con la promulgación de la Ley 1854 del 8 de abril de 1998.

ELDIARIO presenta un recuento de todo el proceso que pretende llevar a juicio de responsabilidades a dos expresidentes.

RESERVA FISCAL

La Ley “Valda” Nº 1854 de 1998, denominada así porque fue planteada por el senador del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Gonzalo Valda, durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, redujo la reserva fiscal del Salar de Uyuni a 1.344.000 hectáreas, de un total de 2.362.000 hectáreas que estableció proteger anteriormente 13 puntos de la costra salina mediante el Decreto Supremo Nº 21260 del 16 de mayo de 1986, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.

Posterior a esta ley, se aprobó el Decreto Supremo 26574, el 9 de diciembre de 2002, durante la gestión de Jorge Quiroga, donde se ratificó la reducción de la reserva fiscal y el área de concesiones. Esto fue aprovechado por las empresas mineras para la adjudicación de concesiones para explotar ulexita, entre ellas se encontraba la empresa Non Metallic Minerals.

GOBIERNO DE MESA

El 9 de diciembre del 2003, durante el gobierno de Carlos Mesa se aprobó la Ley 2564 que abrogó La Ley “Valda” Nº 1854 y el Decreto Supremo 26574 el 9 de diciembre de 2002, con el que se restituye la reserva fiscal de toda la costra salina del salar de Uyuni, es decir la reserva fiscal abarca a 2,190.500 hectáreas.

Para efectivizar la ley mencionada, el 27 de enero del 2004 se aprobó el Decreto Supremo número 27326, que “establece la realización de auditorías técnica, jurídico legal, económico financiera, regalitario tributaria, sociolaboral y, preservación ecológica y medioambiental”, con el fin de declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros, en un plazo de 60 días a partir de la promulgación de la Ley Nº 2564.

Sin embargo, se establece como fecha límite para la entrega las auditorías hasta el 9 de febrero del 2004, hecho que fue observado por el Gobierno ya que no se cumplía el plazo de 60 días.

El 23 de junio de 2004, Carlos Mesa aprobó el Decreto Supremo 27589, que dispone la revocatoria de las concesiones mineras Cancha I, Doña Juanita, Tete, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, Don David, Sur, Pococho, La Negra, Cancha II, que pertenecían a Non Metallic Minerals, 11 en total y se le da un plazo de 30 días para la entrega de estos yacimientos.

Tras este acontecimiento es que la firma chilena presenta una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del cual Bolivia formaba parte por el Tratado Bilateral entre Chile y Bolivia que fue suscrita el 22 de septiembre de 1994, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

CONFORMACIÓN DE NMM QUIBORAX

Según antecedentes de radio Pio XII, David Moscoso se adjudicó de forma ilegal un área importante de yacimientos de boro en la región Delta de Río Grande, que anteriormente pertenecía a la empresa Borax Consolidate de Inglaterra, que perdió la titularidad de esas concesiones por la falta de pago de las patentes anuales.

La promulgación de la Ley Nº 1854 no protegió la cuenca evaporítica del Salar, donde se encontraba las concesiones de Moscoso que fueron abandonadas, esta norma le ayudó para recuperar las áreas de explotación, esta vez lo hace a nombre de la Empresa Minera Río Grande Sur, de la cual es accionista mayoritario.

La empresa Chilena Quiborax, donde Allan Fosck es su accionista mayoritario, se especializa en la explotación en Boratos y uno de los mayores productores de ácido bórico, con plantas productoras en Arica y Antofagasta. Se interesó por las reservas de boro de la cuenca evaporítica del Salar de Uyuni, trata de adquirir las concesiones que son explotadas por Moscoso.

Para tal efecto, la Empresa Minera Río Grande del Sur se transforma en Non Metalic Minerals S.A., y las concesiones de Moscoso son transferidas a nombre de esta empresa, la firma chilena se asocia con la empresa de Moscoso que mantenía la mayoría de las acciones, aunque la empresa siempre fue manejada por Quiborax.

A inicios del 2004, una Comisión de la Cámara de Diputados realizó una inspección sorpresiva cerca de la cuenca evaporítica del Delta de Río Grande del Salar de Uyuni, descubriendo un escándalo medio ambiental realizado a Non Metallic y la empresa minera Copla, donde se observaron varias irregularidades en sus operaciones.

DEMANDA INTERNACIONAL

El 2006 –en la primera gestión de Evo Morales– el Ciadi notificó al Estado boliviano sobre la demanda internacional y a partir de esa fecha es que se inició la controversia entre ambas partes, por la reversión de las concesiones mineras.

El Estado trató de llegar a un primer acuerdo con la firma chilena en el 2008, el resarcimiento alcanzaba a $us 3 millones, pero este proyecto quedó suspendido debido a que se encontró que el acta de conformación de accionistas de Quiborax fue fraguada, ilegalidad que fue admitida por David Moscoso por lo cual fue procesado y sentenciado con dos años de privación de libertad.

El 26 de febrero de 2010 el Ciadi emitió una decisión sobre medidas provisionales para suspender el proceso penal iniciado por el Estado boliviano contra Allan Fosk, David Moscoso y otros siete accionistas de la firma, además piden evitar cualquier otro proceso penal directamente relacionado con este arbitraje, hasta que haya concluido el arbitraje o hasta que se reconsidere esta decisión.

PRIMER FALLO

En septiembre de 2015, el tribunal internacional emitió el laudo arbitral en contra de Bolivia y lo obligaba a cumplir con el resarcimiento de daños que alcanzaba a los $us 48,6 millones, tras conocer este dictamen la defensa legal del país solicitó la anulación del laudo que ganó la firma chilena, con el argumento de que “contiene gravísimas violaciones al procedimiento mismo de las normas del Ciadi”.

El Estado boliviano apeló la decisión del tribunal internacional, pero aun así el dictamen fue contrario al interés nacional.

Hubo una segunda intención de que Bolivia y la firma lleguen a un acuerdo en agosto del 2016, en esa fecha se realizó una reunión en las oficinas de la entonces subprocuradora Carmiña Llorenti. A esas instalaciones llegaron los representantes legales de Quiborax con el objetivo de acordar el retiro de acusaciones del querellante y del Ministerio Público, así como el proyecto de resolución judicial.

En esta reunión, Rodrigo Gil, abogado de la firma chilena, se prestó la computadora de Llorenti para enviar documentos, pero la funcionaria boliviana dejó abierto su correo electrónico, descuido que aprovechó el jurista chileno enviar a sus socios y colegas desde la bandeja de Llorenti tres tipos de documentos: el de retiro de la acusación particular, el retiro de acusación de la Fiscalía y la sentencia descargada.

Este hecho derivó en que la Procuraduría General del Estado inicie un proceso administrativo disciplinario contra Carmiña Llorenti. Esta investigación interna fue instruida por el entonces titular de esa división, Héctor Arce, ahora Ministro de Justicia.

En ese escenario, el 7 de junio de la presente gestión, el estado boliviano cumplió con el laudo arbitral que dictaminó el Ciadi y pagó $us 42.6 millones a la empresa Non Metallic Minerals Quiborax.

“Lo que nosotros hemos hecho es cumplir con una sentencia internacional, no es un tema que podamos decidir si cumplimos o no, es una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada. Caso contrario, los chilenos pueden agarrar la sentencia y puede ejecutarla en 152 países que son miembros del Ciadi y puede congelar cuentas del Estado”, dijo el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, después de que Bolivia pagó la millonaria suma.

JUICIO DE RESPONSABILIDADES

En mayo pasado, el procurador, Pablo Menacho, presentó una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado contra el expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros por el procedimiento ilegal que hizo para la reversión de las concesiones de Quiborax.

Tras una investigación y toma de declaraciones de los involucrados por parte de la Fiscalía, se determinó que había materia justiciable en contra de los acusados, por lo que determinó presentar un requerimiento acusatorio al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual da luz verde para el juicio de responsabilidades contra el expresidente.

Se tiene previsto que la Sala Plena del TSEJ de este miércoles 25 analice el requerimiento acusatorio aunque su presidente, Antonio Revilla, dijo que el tratamiento de la acusación contra Mesa no es prioritario ya que se debe concluir con los casos pendientes de la anterior magistratura.

Por otro lado, el Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda, anunció el viernes 13 de julio que iniciará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Jorge Tuto Quiroga por la aprobación del Decreto Supremo 26574 y exparlamentarios que aprobaron una norma para “dividir” el Salar de Uyuni y validaron la concesión a la empresa minera Quiborax-Non Metallic Mineral.

DATOS

- En 1998 se promulgó la Ley “Valda” Nº 1854 en el gobierno de Hugo Banzer. Esta norma redujo la Reserva Fiscal del Salar de Uyuni de 2.362.000 hectáreas a 1.344.000 hectáreas.

- El 9 de diciembre de 2002 el gobierno de Jorge Quiroga se aprobó el DS 26574 que ratificó la reducción de la Reserva Fiscal y el área de concesiones.

- El 9 de diciembre del 2003 en el gobierno de Carlos Mesa se aprobó la Ley 2564 que abrogó la Ley “Valda” Nº 1854 de Banzer y el DS 26574 de Quiroga. La norma restituye la Reserva Fiscal de toda la costra salina del Salar de Uyuni.