Gobierno se contradice sobre objetivo del juicio contra Mesa

El objetivo de iniciar un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa creó una contradicción en el Gobierno, dado que mientras el ministro de Economía, Mario Guillén, dijo que la meta del proceso es recuperar los $us 42 millones que el Estado pagó a Quiborax, horas después la Procuraduría General del Estado aclaró que busca establecer la existencia o no de responsabilidad en contra del exmandatario.

“Al respecto, la Procuraduría General del Estado (PGE) tiene a bien aclarar que la solicitud de Proposición Acusatoria presentada en fecha 22 de mayo pasado ante la Fiscalía General del Estado, en contra del expresidente Carlos Mesa tiene como objetivo principal establecer la existencia o no de responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax S.A. y su socia boliviana, la empresa minera Non Metallic Minerals S.A. (NMM)”, señala el comunicado de la Procuraduría.

Sin embargo, día más antes, el ministro de Economía, Mario Guillén, señaló que el objetivo del juicio contra el exmandatario era aplicar la acción de repetición para recuperar la indemnización millonaria por el arbitraje perdido en el caso Quiborax. Para su efecto, indicó que una de las formas de garantizar la devolución es la anotación preventiva de los bienes de Mesa.

AFECTACIÓN

Guillén señaló que la cancelación de estos recursos afectaron a las arcas del Tesoro General de la Nación (TGN), por lo que suspendieron varios proyectos, están revisando cuáles no son de urgencia para equilibrar los gastos y que el Gobierno quiere conservar los índices de la inversión pública.

El pasado 7 de junio, los ministros de Minería y Justicia, además del Procurador, suscribieron un convenio con las empresas Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A. (NMM), para cumplir la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por lo que el Estado boliviano pagó $us 42,6 millones a las empresas.

“ACCIÓN CANALLA”

Tras conocer la intención del Gobierno de aplicar la acción de repetición, el expresidente Carlos Mesa la calificó como irracional y una “acción canalla”, tomando en cuenta la imposibilidad que tiene cualquier persona de hacer un pago de esa magnitud.

El exmandatario reiteró, mediante un artículo publicado en su blog, que la defensa del Estado en este caso fue vergonzosa y aseveró que de la “manera más descarada” funcionarios de Gobierno tratan de endilgarle la pérdida de ese dinero.

“Es difícil encontrar un caso más flagrante de la acción canalla de un Gobierno y de unos funcionarios que cometieron delitos de complicidad con una empresa extranjera”, dijo.

Según Mesa, el argumento principal de la acusación en su contra es que en el Decreto Supremo que emitió en uso la figura de “revocar”, cuando debió utilizar el término de “anular”.

LOS RESPONSABLES

El vocero de la demanda marítima ratificó que quienes deben responder por estos delitos son: el ministro de justicia, Héctor Arce; de Minería, César Navarro; el procurador, Pablo Menacho y la exministra de Defensa del Estado, Elizabeth Arizmendi, por la pésima defensa que se desarrolló durante el proceso en el tribunal internacional.

En tanto, Carlos Alarcón, abogado del exmandatario, dijo que estas acciones son una muestra del interés político que tiene el Gobierno para perjudicar el nombre de su cliente y evitar la posibilidad de que sea candidato en las próximas elecciones presidenciales.

“No está en cuestión de cómo pagas o en qué medida hay que quitarme todos los bienes habidos y por haber, me hipotecarán por las próximas cinco generaciones, creo que ese no es el elemento central del análisis. El elemento es que quienes tienen que responder por estos delitos son: el señor Héctor Arce, Pablo Menacho, César Navarro y Elizabeth Arismendi”, dijo Mesa en contacto con radio Compañera.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, anunció que en la sesión de la sala plena, que se realizará mañana, se analizará el requerimiento acusatorio que la Fiscalía General del Estado presentó para el inicio de un juicio de responsabilidades contra el expresidente.