Economía de palabras
Ahora hay cifras para confirmar que Bolivia, como lo sospechábamos todos, es el país con la economía informal más grande del mundo. Y en crecimiento.
Bolivia tiene 62,3% de informalidad y el segundo es Zimbawe, con 60,6%.
Dice Siglo 21 de esa semana que el FMI ha hecho mediciones sobre este fenómeno y que ha descubierto que a mayor corrupción en los gobiernos, más grande el sector informal de la economía. Es un caso de causa y efecto.
Es decir que la corrupción es una fábrica de informalidad, según ese estudio. Si los representantes del Estado son corruptos, los ciudadanos tratan de alejarse de todo lo que sea estatal. Buscan realizar sus actividades lejos del Estado… y de la corrupción.
Y encuentran que lejos de la formalidad y la legalidad hay un mundo bien desarrollado, hay incluso sindicatos para proteger a los ilegales. Y en algunos casos hay hasta gobiernos puestos por los ilegales.
Aunque los expertos que han hecho ese estudio no lo digan todavía, la corrupción se alimenta de la informalidad, políticamente, porque los informales saben que la corrupción es el camino más directo a la desaparición del Estado.
También ha descubierto este estudio que la informalidad es mayor en los países donde la presión tributaria es más opresiva. Eso viene a dar la razón a los estudios según los cuales Bolivia es el país donde los impuestos son mayores, y donde los trámites para mantenerse en la legalidad toman más tiempo.
En suma, que pertenecer al sector formal de la economía en Bolivia es un ejercicio extenuante y desalentador. Las protestas de los líderes de la empresa privada confirman los hallazgos de ese estudio.
Un empresario de la construcción recibió una multa por 1.200 dólares. Acudió a la justicia. Ganó en la primera instancia. Pero el fisco apeló y al final la multa llegó a 300.000 dólares. Ahora, ese empresario está quebrado, aunque en las estadísticas de las “recaudaciones” tributarias figure ese dinero como parte del incremento.
Empresarios cruceños que son víctimas de extorsiones de quienes administran la FES no tienen a quién acudir, ni se atreverían a hacerlo. En este caso, la corrupción tiene un respaldo “legal”.
Y todo esto, dice el estudio, hace que los Estados tengan cada vez menos recursos, lo que, a su vez, es otro incentivo para que la gente huya hacia lo informal. Un círculo vicioso perfecto.
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