Insólita propuesta sobre diezmos

Un diputado oficialista ha tenido la insólita actitud de proponer que el Gobierno regule los diezmos que se deposita voluntariamente en las iglesias, en las misas y en otras oportunidades que sean propicias para el efecto.

Tal parlamentario desconoce o ignora que la Iglesia Católica, en particular, es totalmente independiente, de manera que no está a disposición del Gobierno, menos para que pueda pretenderse utilizar los recursos financieros u otros que obtiene por voluntad de sus fieles.

El despropósito del diputado ha ido más allá, anunciando que presentará un proyecto de ley para que la Asamblea Legislativa apruebe una decisión de esa índole. De principio, es de suponer que la Asamblea formalmente jamás se atrevería a intervenir en las actividades de la Iglesia Católica, desde el momento que se trata de una organización independiente y que se desenvuelve, en el mundo entero, de acuerdo con sus propias normas.

Normalmente, las Conferencias Eclesiásticas toman las decisiones que conciernen a sus funciones, entre ellas administrar los diezmos que los fieles depositan en las misas para atender obligaciones e imposiciones que por sí mismas resuelven adoptar.

En tanto, nadie puede intervenir en sus actividades, mucho menos pretender administrar los recursos que tiene a su disposición, que en general provienen de la voluntad de sus propios adeptos, tanto para que financie las actividades de las órdenes religiosas como para decidir cooperar con obras sociales, como ser centros hospitalarios u otros actividades que voluntariamente se proponga cumplir.

Por tanto, desde la Asamblea Legislativa hasta el último organismo fiscal, no se puede tener el atrevimiento de tener injerencia en las actividades de la Iglesia Católica, mucho menos en decidir o no en qué debe invertir o no los recursos económicos que se hallan a su disposición, por los aportes de sus fieles.

La única facultad que tiene un parlamentario es intervenir en las actividades oficiales, el resto es privativo de cada organización, sea del orden que sea, a menos que sea una que incurra en actividades ilícitas, que afectan al interés oficial o público, pero no precisamente de la Iglesia Católica, que tiene sus propios mandos de dirección, pero fundamentalmente obligaciones y compromisos que se impone por voluntad propia.

Sólo personas que desconozcan las regulaciones sobre las que funciona la Iglesia Católica pueden cometer errores como el de dicho parlamentario, pero anticipadamente debería saber que nadie le va permitir intervenir en las actividades de la Iglesia Católica. Si es adicto a otra orden religiosa o es ateo, sólo en esas áreas puede formular iniciativas para cumplir alguna función. Pero no inmiscuirse en actividades que no son de su participación.

Tampoco puede atreverse a formular denuncias o quejas que no le competen, menos tener la ocurrencia de proyectar una ley para entrometerse en asuntos de la Iglesia Católica. Su misión, como diputado, es proyectar leyes de interés público, pero esencialmente ocuparse de cómo se administra los intereses de la Asamblea o de su partido.