Mesa emplaza a PGE a enjuiciar a Morales

El expresidente Carlos Mesa envió una carta al procurador general del Estado, Pablo Menacho, en la que le emplaza a retirar la denuncia en su contra por el caso Quiborax, o, caso contrario, iniciar juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales porque nacionalizó la termoeléctrica Guaracachi que fue declarada ilegal y le costó al Estado 31 millones de dólares.

El abogado defensor Carlos Alarcón dijo que la nacionalización del 50,001% de las acciones de la GAI, constituida en Estados Unidos y Rurelec en el Reino Unido, dispuesta por decreto supremo, fue declarada ilegal por el Tribunal Arbitral de la Uncitral de las Naciones Unidas.

Dijo que el año 2012, Evo Morales firmó otro decreto, donde autorizó el pago de 31 millones de dólares, porque perdieron el arbitraje.

Explicó que el tema Guaracachi es similar al caso Quiborax y tomando en cuenta el criterio del ministro de Economía, Mario Guillén en sentido de que Carlos Mesa debería pagar con sus bienes, también Evo Morales debería ser procesado y pagar con sus bienes.

Indicó que Mesa puso como antecedente que el 1 de mayo de año 2010, el actual presidente dictó un decreto de nacionalización de la termoeléctrica Guaracachi y que el numeral 441 del laudo arbitral, fundamenta que la expropiación fue ilegal, porque Bolivia no siguió el procedimiento ni tuvo intención de compensar.

El laudo arbitral contenido en 209 páginas fue enviado para conocimiento de la Procuraduría y detalla que los demandantes iniciaron el arbitraje con el objetivo de obtener una indemnización por parte de Bolivia por los perjuicios que alegan haber sufrido tras la modificación del marco regulatorio del sector eléctrico, la falta de justicia por parte del sistema judicial boliviano y, en última instancia, la nacionalización afectando a los inversionistas de la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. (EGSA).

El numeral 441 señala textualmente: “En consecuencia, la cuestión de la ilegalidad es en gran medida objetiva: si EGSA tuviera un valor positivo, Bolivia debería haber indemnizado a la Demandante, ofreciéndoles una justa compensación efectiva, ya que se espera que todo Estado que lleva a cabo una expropiación determine el verdadero valor de los bienes expropiados en forma precisa y profesional. En realidad, Bolivia no compensó (ni tuvo la intención de compensar) a la Demandante, puesto que no realizó una valuación precisa del valor de EGSA en ese momento. De hecho, hizo exactamente lo contrario, y si el Tribunal encontrase que la valuación es “manifiestamente inadecuada” [traducción del Tribunal], ello sería responsabilidad de Bolivia. Como se explicará en detalle más adelante, estamos de hecho ante tal situación y, por ende, la expropiación fue ilegal”.

Agrega que Bolivia no parece estar en desacuerdo: el título del capítulo 2.4.2519 de la Dúplica del Demandado reza “[l]a Nacionalización no fue ilegal porque en el presente caso ninguna compensación era debida”. Por lo tanto, dada la decisión del Tribunal de que en efecto se debía compensación, la nacionalización debe ser ilegal con respecto al requisito de compensación”.

Alarcón sostuvo que bajo el principio de igualdad que exige que el ciudadano merece el mismo tratamiento de las autoridades, la Procuraduría tiene dos caminos: o retira la acusación contra Mesa o presenta proposición acusatoria contra Evo Morales, el Ministro de Hidrocarburos, Hacienda de esa época y el actual ministro de Justicia, Héctor Arce.