“Quiborax era ilegal y ficticia”

Dos exministras del gabinete del presidente Evo Morales, Amanda Dávila y María Cecilia Rocabado, recordaron varias irregularidades que cometió la empresa chilena Quiborax cuando operaba en el Salar de Uyuni explotando boratos. En la actualidad, el Estado le pagó 42 millones de dólares a la firma y empezó un proceso para enjuiciar al expresidente Carlos Mesa, quien revertió las concesiones de la empresa chilena.

Por una parte, la exministra de Comunicación y gerente Ejecutiva de la Empresa Pública Editorial del Estado, Amanda Dávila, afirmó que Quiborax, cuando operaba en el Salar de Uyuni (Potosí) tenía denuncias de maltrato a sus trabajadores y uso excesivo de precursores químicos, además avasallaba concesiones mineras de compañías pequeñas bolivianas.

“Cuando trabajaba en Presencia llegaron denuncias sobre la empresa Quiborax, en torno a una actividad absolutamente ilegal y que maltrataba no solamente a los trabajadores sino a quienes también tenían concesiones legítimas, que eran bolivianos. (…). Incluso habían denuncias un uso excesivo de precursores”, indicó según Urgentebo.

Asimismo, señaló que estas denuncias eran minimizadas por los gobiernos anteriores a la gestión del expresidente Carlos Mesa. Por ello dijo que el ex mandatario tomó una medida acertada al revertir las concesiones de la transnacional.

“Quiborax siempre ha estado en el imaginario de esa época, en la prensa, como una empresa que cometía abusos contra los bolivianos y también iba más allá de las concesiones que tenía, de los contratos que se había hecho, y por lo tanto eran susceptible a ser expulsada como finalmente alguien se atrevió a hacer, en esa época fue el entonces presidente Mesa”, enfatizo.

Dávila escribió en su cuenta de Twitter, que Mesa no debería ir a la cárcel por el caso Quiborax, puesto que en su administración actuó en defensa del país, en contra una compañía chilena mafiosa.

En tanto, la exministra de Defensa Legal del Estado, María Cecilia Rocabado, dijo ayer que la empresa Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax era una empresa ficticia y operó cuatro años en esa condición, teniendo de por medio deudas por daños ambientales y un juicio tributario por un millón y medio de bolivianos.

En una entrevista con Erbol, la exautoridad –cuyo cargo era equivalente al actual Procurador General del Estado– sostuvo que la NMM se creó en un bufete de abogados donde los socios fundadores eran el abogado propietario, su secretaria y su ayudante y en esa condición recibió la transferencia de 7 concesiones de la entonces dueña original Río Grande Sur, de propiedad del polémico ciudadano boliviano David Moscoso.