Abandono de familia y pobreza

Según informe proporcionado por la Secretaría Departamental de Desarrollo Social y Comunitario de la Gobernación, publicado en EL DIARIO, hasta el 2016 hubo 1.758 denuncias de abandono de familia, mientras que la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia en 2017 atendió 297 denuncias en 18 provincias.

Esta conducta de algunos progenitores, hombres y mujeres, que deciden abandonar la construcción de una familia, impide que mejoren las condiciones de vida y educación de los hijos e hijas, quienes deberán recibir solo lo mínimo que una madre de familia, por ejemplo del área rural, logre conseguir.

Aunque el abandono de familia es un delito sancionado con el actual Código Penal, con base en el Art. 248, con la privación de libertad del infractor, de seis meses a dos años, no soluciona el problema de la falta de condiciones económicas que requieren los hijos, sin formación escolar y menos profesional.

Más allá de los traumas, la cárcel solo le permitirá al infractor conocer diferentes mecanismos personales y judiciales para eludir la responsabilidad o vengarse de la denunciante, mientras los hijos e hijas abandonadas seguirán peregrinando en la vida.

Muchas familias abandonadas, ante el poco conocimiento que tienen no solo para hacer una denuncia sino para buscar otras vías que les permitan recibir atención estatal, emigrarán a las ciudades, con el riesgo de inclinarse por las actividades delictivas para momentáneamente obtener algunos ingresos. Pero solo habilitara para ellos la puerta de ingreso a centros penitenciarios, anulando toda posibilidad de lograr una profesión o un empleo digno.

En algunos casos, la mujer abandonada posiblemente busque una segunda pareja que se responsabilice por ella y sus hijos, pero a veces esta elección termina siendo de alto riesgo, no solo porque ella pueda terminar con más hijos abandonados, sino que los primeros pueden ser víctimas de agresiones, maltrato, explotación laboral y hasta infanticidio por parte de su padrastro o la familia de éste.

Por ello se aguarda que las organizaciones de mujeres, tanto en ámbito político y social, propongan mecanismos de solución que superen solo la penalización, sino que mediante el Estado los padres o madres con denuncia de abandono puedan obtener empleo, para hacerse cargo hasta la formación técnica de sus descendientes. La formación de los hijos es responsabilidad de ambos padres, pero sobre todo del Estado, que debe aplicar políticas de prevención.