Encarcelaron a militares acusados de maltrato

Los sargento de Ejército William Gutiérrez y Jhozet Sangalli junto al teniente Marco Antonio Achá, denunciados por maltrato a un premilitar del regimiento Ingavi de La Paz, fueron remitidos a la cárcel de San Pedro con detención preventiva.

La juez Cuarto Anticorrupción, Melina Lima, determinó la medida tras conocer la imputación por delitos contra la salud pública, incumplimiento de deberes, lesiones graves y leves, e inducción al suicidio.

El fallo se dio a conocer en medio del desconcierto y rechazo de familiares de los tres militares que no aceptaron la determinación de la juez que dio –según informó Frank Campero, abogado del sargento Gutiérrez– medida extrema con un solo riesgo procesal, el cual sería contra la víctima. El sargento Gutiérrez es señalado por el premilitar como la persona que lo obligó a comer excremento, lo indujo al suicidio y con un golpe le causó una lesión en el oído izquierdo, por el cual le dieron 10 días de impedimento.

“Zambrana mentiroso”, “libertad para los instructores”, fueron algunas de las frases que en coro repetían los premilitares camaradas del denunciante que se apostaron en puertas de tribunales desde las 08.30 hasta las 18.00 que duró la audiencia con un cuarto intermedio que la juez Lima dictó para almorzar.

Como pasó desde el martes, cuando fueron aprehendidos los tres militares, adolescentes de entre 16 y 17 años, mujeres y hombres de la “Compañía J” donde pertenecía el premilitar, criticaron la versión de la denuncia refiriéndose al premilitar denunciante como “negligente” quien buscaba “a toda costa” salir de la instrucción.

DECLARACIONES

Frank Campero, abogado del sargento Gutiérrez, informó que hasta antes de la audiencia cautelar, la Fiscalía había tomado declaración de 35 personas, entre premilitares compañeros de denunciante, padres de familia e implicados.

El fiscal Fernando Lea Plaza detalló que 15 de los 35 testimonios son de compañeros del premilitar y que según la valoración preliminar sólo dos declaraciones confirman el supuesto maltrato contra el adolescente de 17 años.

Consultado sobre las supuestas pruebas del maltrato (orín y excremento), José Tavel, abogado del premilitar, señaló que las mismas no existen pero la juez habría ponderado el peligro en favor del más débil.

APOYO

William Quispe, abogado del sargento Sangalli, criticó la valoración que hizo la juez Lima señalando que para desvirtuar el supuesto “peligro efectivo para la víctima” se le presentó certificado de garantías personales realizado ante notario de fe pública, pero no fue considerado.

En criterio de Campero, con el fallo de la juez, la base de la formación militar ha sido destruida puesto que levantar la voz y ordenar los ejercicios físicos son una violación a los derechos humanos.