La libertad de expresión es derecho inalienable de todos los estantes y habitantes del país. Nadie, por poder que tenga, puede vulnerar esa libertad y, por el contrario, está obligado a respetarla y hacerla respetar como dictamen de la Carta Magna; pero muchas veces hay funcionarios que confunden el poder que tienen para conservar el orden público con una libertad para reprimir o coartar las libertades ciudadanas, tan solo porque así conviene al régimen gobernante o, en casos, porque “así se logra favores especiales de las autoridades”.
Hace pocos días, a raíz de manifestaciones y marchas que utilizaron la frase “Bolivia dijo no”, se ha lanzado una especie de consigna, instructivo u orden para que, en las próximas festividades patrias en la ciudad de Potosí, se impida actos que “estarían reñidos con el bien público y serán reprimidos conforme a las leyes”. La instructiva estaría referida a una especie de prohibición a utilizar la frase que señala resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y estaría dirigida a quienes buscan que no haya reelección de los primeros mandatarios de la República.
A propósito de las órdenes o instructivos, el ex-Defensor del Pueblo expresó: “Es un atentado, son medidas antidemocráticas y como tal anticonstitucionales, esa línea de criminalizar la protesta social es muy peligrosa porque estamos en un Estado de Derecho y tenemos márgenes de ciertas libertades”. Estas frases fueron como una respuesta a lo declarado por un subcomandante de la Policía, “ante la presencia de las organizaciones de defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero”. Ese subcomandante afirmó: “Si esos grupos (21F) de alguna manera alteran el orden público, la Policía debe tomar las medidas correctivas necesarias. Una cosa es participar con fervor cívico de un acto de homenaje pero pretender (…) o querer alterar el orden no lo vamos a permitir, desde luego”. Según dicha autoridad subalterna de la Policía, “…se trata de instructivos coyunturales, pero que se mantendrán, a la ciudadanía no tiene impedimento para salir a las calles y organizarse en colectivos o plataformas de defensa del referéndum” (ED 17-7-18).
La amenaza o prevención del policía, tal vez creyendo que “pone en su lugar” a posibles manifestantes, lo que hace es notificar a la colectividad para que asuman con derecho y sin violencia alguna su posición de apoyar al 21F que ha calado hondamente en la conciencia de la colectividad. Esa actitud policial lo que hace es desprestigiar al gobierno y mostrarlo como incitador de acciones radicales contra los manifestantes; en otras palabras, lo que se hace al protestar o contrariar la libertad de expresión es darle más vigencia y vigor por ser derecho innato del ser humano. La libertad de expresión es, en síntesis, la amplia práctica de todas las libertades.
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