Obispo criticó “criminalización” de derecho a protestar

Managua.- El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, criticó ayer la “criminalización” del derecho a protestar en Nicaragua, un día después de que el presidente Daniel Ortega insistió en llamar “terroristas” a quienes se manifiesten en su contra.

“No es posible criminalizar al pueblo por ejercer su derecho de protesta y tratarlo como terrorista”, dijo Báez, uno de los obispos más críticos del Gobierno de Ortega.

Diferentes organismos humanitarios nacionales e internacionales han responsabilizado a Ortega por la cantidad de personas asesinadas desde abril pasado, en su mayoría manifestantes que protestan contra su Gobierno, que va de 295 a 448 víctimas, según la fuente.

Ortega afirmó ayer que los encapuchados con armas que actúan en el marco de las protestas contra su Gobierno “son policías voluntarios”, y que la cifra de muertos durante la crisis que estalló en abril asciende a 195, en una entrevista difundida por Euronews.

“La paz social no se impone a fuerza de balas, de intimidación, encarcelamientos y procesos judiciales injustos”, señaló el obispo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha negado.

Además, la CIDH ha advertido que una “tercera fase” de represión consiste en la “criminalización de los manifestantes”, y la ha denominado como “más ruda, más explícita y burocrática”, porque utiliza la justicia contra las personas.

El mandatario ha sostenido que todo se debe a un “golpe de Estado”, y ha señalado de forma directa al clero nicaragüense de ser “parte del plan golpista”, detrás del cual estaría Estados Unidos, según Ortega.

Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde los años 80 del siglo pasado, también con Ortega como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario. (EFE)