Pese a la depresión económica que atraviesa el continente y que afecta significativamente al empleo, el Gobierno afirmó que en 2017 el país tenía la tasa de desempleo más baja de Latinoamérica con el 4.48 por ciento. Algunas fuentes lo corroboran señalando que el más próximo es el Ecuador con 5.8%, mientras Perú, Chile, Colombia tuvieron tasas por encima del 6%.
Según la Ministra de Planificación, en 2017 el Gobierno promovió 58.396 nuevos empleos y lidera el desarrollo con un PBI del 4.2, desarrollo que lo proyecta al primer lugar superando al resto de países de la región. Estas optimistas aseveraciones no tardaron en ser desmentidas -casi coincidentemente- por el Fondo Monetario Internacional, que ubica a Bolivia como el país con mayor informalidad entre 158 Estados, con una tasa del 62.3%, seguido por el africano Zimbabue de un 60.6 por ciento, de modo que nos ubicamos como el país más informal del mundo.
Esta catalogación preocupante parece reflejar la verdadera realidad y no los cantos de sirena a los que se nos acostumbra. Sin embargo, al respecto la ministra dijo no tener datos acerca de la problemática de la informalidad porque la cuantificación estatal se refiere a los empleos asalariados y no asalariados, ecuación difícil de entender por cuanto si no se percibe salario o remuneración propiamente no es empleo. Si se mira objetivamente, tampoco es dable identificar el empleo formal, estable y socialmente asistido, con la ocupación informal, la que no goza de permanencia, regularidad y de las condiciones que otorga la formalidad, cual es el seguro social, bonos, puntualidad de pago, etc. Este tipo dependiente se lo conoce como ocupación disfrazada, por encontrarse al margen de dichos beneficios.
Consiguientemente la baja tasa de empleo del 4.48% no es sostenible, por incluir al subempleo u ocupación disfrazada, remitiéndonos al primer lugar de la informalidad internacional. No es la cantidad lo que cuenta positivamente en el trabajo, sino la calidad de éste, en el verdadero sentido del concepto. El Centro de Estudios de Desarrollo Agrario y Laboral (CEDLA) en su análisis histórico señala que en 2001 el porcentaje de la informalidad no sobrepasaba el 30%, por lo que su crecimiento se eleva alarmantemente en estas dos décadas, hasta ubicarse en más del 60%. La misma entidad informa que, por ejemplo, en 2014 el 92% de la población de las capitales de departamento rondaba un 56% de empleos precarios, de los cuales un buen porcentaje lindaba la precariedad extrema.
En conferencia de prensa la titular de Planificación reveló que el país genera 160.000 empleos por año y que el Fondo de Capital Semilla invirtió 68.8 millones de bolivianos para nuevos emprendimientos, a su vez el Programa de Infraestructura Urbana promueve trabajo en cantidad considerable y la promoción en el campo beneficia a 200.000 familias. Los analistas de la materia lamentan que los años de bonanza no trajeran consigo la creación de suficientes fuentes de trabajo. Atender el tema debería ser prioritario y merecer un enfoque distinto de los que se viene ensayando.
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