Comunicadores incomunicados

Ni el más zahorí de los comunicadores sociales que han hecho noticia en estos últimos sesenta días, incluyendo a uno de los más prestigiosos, como es el caso del expresidente Carlos Mesa, habrían imaginado ser lanzados a la notoriedad mediática más inesperada, al ser incorporados en el escándalo Quiborax, como los protagonistas de ese acto de prestidigitación fabricado por el gobierno, para que se embarquen en una campaña electoral que haga olvidar el 21F y potabilice las aspiraciones reeleccionistas, empero ese tiro les salió por la culata y es un bumerang que amenaza cortar un buen racimo de cabezas de sus creadores.

Por un lado, la popularidad del exmandatario ascendió en forma vertiginosa e inversamente proporcional a la impopularidad y descredito de los inventores y manipuladores de este sainete, que trataron de revertir una verdad inconmovible, como es el creciente repudio a las intenciones de reelección del presidente y vicepresidente, emanado en el referéndum del 21 de febrero de 2016 y, por el otro, desveló la maraña de horridos manejos que fueron realizados a tiempo de resarcir a los expropietarios de las famosas empresas capitalizadas.

Lo notable de este entripado es la inusual reacción que despertó en el gremio de comunicadores sociales, donde no faltaron quienes que se solidarizaron con el colega y los detractores que en esta controversia encontraron la oportunidad de sacar a flote sus más bajos instintos de frustración y envidia.

Es el caso de la exministra de comunicación Amanda Dávila que, en un principio, aunque lo haya matizado más tarde, expresó su apoyo así: “El expresidente Carlos Mesa no debería ir a la cárcel ni hoy ni mañana, pues actuó, durante su gestión, contra la mafiosa chilena Quiborax en defensa del país; eso no tiene precio, pienso yo”. Asimismo, el caso de la exministra de Defensa Legal del Estado, María Cecilia Rocabado que exime al expresidente al manifestar: “Quiborax era una empresa ficticia y operó cuatro años en esa condición, teniendo deudas por daños ambientales y un juicio tributario por un millón y medio de bolivianos”.

Por su parte, el tal llamado gringo, presidente del Senado, arremetió sin piedad contra su colega Mesa y, con vocación de pitonisa misericordiosa añadió que su juicio y posible encarcelamiento ya no tendrían lugar durante esta Legislatura. Antes de asumir esa poco digna actitud, lo habría hecho mejor averiguando el destino que corrió su comunicativa compañera Carmiña Llorenti y los trámites que se tenga adelantados para recuperar la computadora de esta Mata Hari criolla. Igualmente, tratar de dilucidar el enigma que envuelve al socio de la minera chilena David Moscoso, cuyo paradero se desconoce, pese a haber ganado hace cinco meses a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) una reparación de daño que ésta le interpuso, por falsificar el acta de constitución de Quiborax. Esta ilegal movida permitió al consorcio chileno operar en Bolivia y luego demandar al Estado. El 14 de agosto de 2009, Moscoso se acogió a un juicio abreviado, donde fue condenado a dos años de cárcel, pero obtuvo el perdón judicial y se le estableció el gracioso pago de una multa de Bs 1.000, para cobrar después, en contante y sonante, la bonita suma de 20 millones de dólares, como un recuerdo de este estrafalario encuentro entre comunicadores incomunicados.