Ampliaron delitos contra instructores militares

El premilitar de 17 años que denunció a tres instructores militares del Regimiento Ingavi por supuesto abuso será atendido por la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, del Ministerio Público, luego que la madre solicitó que el proceso se amplíe por el delito de amenazas, en tanto se espera fecha de audiencia de apelación en contra de la detención preventiva, presentada por los uniformados, informó el fiscal Fernando Lea Plaza.

El representante del Ministerio Público detalló que la ampliación de la denuncia formulada por la defensa del premilitar registra indicios de amenazas en contra del premilitar, motivo por el cual se dio curso al pedido.

Según la denuncia del premilitar, entre el 02 y el 10 de julio, durante la instrucción que recibían en Tilata, cerca de Viacha, el subteniente Marco Antonio Achá comenzó con tratos discriminadores, también señala al sargento Jhozet Sangalli como la persona que lo obligó a beber “orín de burro” y acusa al sargento William Gutiérrez de inducirlo al suicidio y obligarlo a comer excremento de animal.

NIEGAN HECHOS

Los hechos son negados no sólo por los tres militares sino también por los compañeros del premilitar que relataron que el premilitar tenía una actitud negligente y ante las constantes llamadas de atención urdió esta denuncia y provocó el rechazo de la mayoría de su compañía.

Al respecto, el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, señaló que estos testimonios dejan serias dudas sobre la veracidad de la denuncia por lo que cuestionó la orden de detención preventiva de los tres instructores ordenada por la juez Melina Lima.

En esa línea, Zabaleta confirmó que esa determinación fue apelada señalando que la juez se parcializó y no valoró todos los descargos presentados por la defensa de los tres militares y ordenó la detención a pesar de que no existían riegos procesales, de fuga u obstaculización de las investigaciones.

ELEMENTOS PROBATORIOS

Entretanto, defensor del premilitar afirmó la existencia de varios elementos que prueban la veracidad de la denuncia, entre estos declaraciones y la certificación médico forense que determina las agresiones que el adolescente hubiera sufrido. No obstante señaló que el Ministerio Público realiza las investigaciones por lo que la calificación de los hechos no merece una sentencia anticipada.