Violencia por intolerancia

Si bien se entiende la violencia familiar y doméstica como cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro, este acto en niveles psicológicos, físicos u económicos también puede ser entendido como el menor grado de tolerancia ante el otro.

En los departamentos troncales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se evidencia que todavía las denuncias de violencia ocupan gran parte delas estadísticas, pero se desconoce si éstas están siendo acompañadas por las instancias correspondientes, como las defensorías de la Niñez y Adolescencia, por ámbitos municipales y departamentales, con el propósito de modificar la conducta de los agresores, como exige el artículo 31 referido a la rehabilitación del agresor, y conforme a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348).

El mencionado artículo 31 establece de forma general que la autoridad jurisdiccional competente dispondrá orden expresa para la rehabilitación del agresor, a fin de lograr cambios en su conducta. Estas instancias de rehabilitación deben ser organizadas mediante acuerdos entre los gobiernos locales o departamentales, tanto en el ámbito urbano como rural.

De esta manera se busca erradicar las actitudes violentas en el interior de las familias. Pero qué ocurre cuando en poblaciones rurales no se contrata equipos multidisciplinarios, ni siquiera personal para la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sea por falta de recursos o por desconocimiento. Por lo general, las personas denunciadas que hayan generado algún grado de violencia podrían continuar en procesos, posiblemente hasta llegar a centros penitenciarios, pero pocas veces para ser rehabilitados. Por el contrario, al conocer los procedimientos incluso pueden llegar ser reincidentes antes que rehabilitados.

Si bien desde la promulgación de la Ley 348 se ha visualizado muchos de los problemas, en el año 2016 se identificó que los casos de violencia familiar y domestica llegaron a 9.288 denuncias, en 2017 con 7.992 casos y hasta el primer semestre de este año llegan a 3.386 denuncias. Es importante observar que la cantidad de denuncias tiende a disminuir y que mucho de esto se debe a diferentes programas de socialización, capacitación y difusión destinados a la sociedad en general, pero aún el camino es complejo en la hora de garantizar una adecuada rehabilitación de los denunciados.

Estos datos de violencia son un espejo claro para demostrar la poca tolerancia que tenemos frente al otro, frente a quien es diferente a nosotros. Y esa visión solo puede ser modificada en la medida que se interviene en la formación escolar y en la definición de contenidos de materia que estén relacionados con una mejor actitud, tolerancia proactiva y sobre todo productiva.

La familia y la escuela son pilares fundamentales ante los cuales el Estado no debería escatimar políticas públicas que permitan una restructuración de nuestra convivencia. Y es que el solo hecho de penalizar una conducta violenta no garantiza que desaparezca la reincidencia, ya que cada vez se observa mayores grados de violencia.