Rómulo Luis Delgado Rivas
En los últimos tres años se evidenció que frecuentemente son presentadas, ante la opinión pública, personas que están relacionadas con la comisión de un ilícito, quienes en algunos casos son parte de organizaciones delictivas, pero luego de un corto proceso de detención preventiva, nuevamente retoman las calles y son detenidos en flagrancia reincidiendo en delitos.
Este procedimiento, por un lado, reduce la credibilidad de la población no solo ante los administradores de justicia, sino sobre todo se desconfía del procedimiento que se sigue para las detenciones, porque las personas que afectan la seguridad ciudadana, en poco tiempo continúan delinquiendo. Será por este factor que según datos estadísticos, los casos de robo o robo agravado, que implican el uso de la fuerza y la participación de más de una persona, además del uso de armas, continúan ocupando los primeros niveles de la problemática social.
En el índice criminal que se registra a nivel país, de los últimos cinco años, se identificó que en el año 2013 los casos de robo llegaron a 4.383, en 2014 hubo 3.629 casos, en 2015 se tuvo 3.077 denuncias, en 2016 fueron atendidos 3.187 casos y en la pasada gestión hubo 3.162 denuncias.
Cabe afirmar que en el primer semestre de la presente gestión, las denuncias por robo y robo agravado llegaron a 8.500 casos, de los cuales el departamento de Santa Cruz registra 3.500 casos y La Paz con 995 denuncias, seguidas de Cochabamba con 858 casos, Beni con 862 casos, Chuquisaca con 762 denuncias y los demás departamentos con menos de 600 hechos.
Por estos datos es urgente definir procesos no solo acelerados, sino que permitan lograr reducir la carga procesal y por ende la calificación de sentencia directa a más del 80% de privados de libertad en los diferentes centros penitenciarios, donde la detención preventiva no es más una excepción, sino una norma continua. Pero con el riesgo de que, en poco tiempo, esas personas no solo reincidan en la comisión de delitos, sino en libertad logren paralizar los procesos penales, buscando que las víctimas no sigan con los procesos legales.
Es también visible que las personas que se involucran en la comisión de una serie de delitos, desde robos, robo agravado, robo de vehículos, entre otros, en la actualidad no solo son de edades más tempranas en el momento de participar en la comisión de delitos, sino que son parte de “clanes familiares”, quienes actúan, sea por seguir el ejemplo que proporciona uno de los progenitores o ambos, o porque estos grupos se forman cuando uno de los integrantes realiza nuevas formas de captar a más integrantes en su organización criminal.
Lo cierto es que en Latinoamérica, sobre todo en Perú, Brasil y en el territorio nacional, se observa que cada vez hay más clanes familiares, aspecto que aleja la posibilidad de reinserción, cuando a partir del primer núcleo primario se establece este tipo de conductas que generan riesgo para la seguridad de la población.
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