La vieja disposición de que todo ciudadano “debe hacer el servicio militar” nunca se ha cumplido. Muchos anuncios, especialmente referidos a parlamentarios y empleados públicos, han surgido por parte de varios gobiernos y muy concretamente de regímenes militares; pero jamás se hizo algo para cumplir con la disposición. Hace pocos días, el Ministro de Defensa dijo: “Se ha solicitado a todas las entidades públicas, alcaldías, gobernaciones, empresas y ministerios que hagan una revisión de todos los funcionarios que trabajan, estableciendo si cuentan o no con la libreta de servicio militar. Es por eso que en varios casos se está despidiendo a personas, pero a la vez hay otros que están tramitando su libreta, por lo tanto se está regularizando” (ED 19-7-18).
La exigencia, especialmente para miembros del Poder Legislativo -senadores y diputados- es terminante, porque así lo dispone la Constitución Política del Estado; pero, luego de débiles reclamos que han sufrido los renuentes a haber prestado el servicio militar o “porque estaban tramitando libretas de servicio auxiliar”, todo ha quedado en nada. La verdad es que si se exige que empleados públicos tengan la libreta de servicio militar, con mayor razón debería exigirse que todos los senadores y diputados exhiban su respectiva libreta y entreguen, en plazo perentorio, original y fotocopia del documento a quienes estén encargados de verificar la tenencia o no de lo que se considera importante, imprescindible y necesario para ejercer funciones parlamentarias y, en caso de no haber hecho el servicio militar sean separados de la función que estarían ejerciendo indebidamente, conforme señala la disposición legal.
Esta vez parece terminante la declaración del Ministro de Defensa y la comunidad se pregunta: ¿Será cierta la exigencia? ¿Se cumplirá alguna vez lo que señala clara y terminantemente la Carta Magna? ¿Acatarán la disposición los parlamentarios? Iguales preguntas estarían dirigidas a los funcionarios que prestan servicios en las diversas reparticiones públicas, empezando por ministros y altos funcionarios.
Evidentemente, para la mayoría de la población, la obligación de “prestar el servicio militar” no tendría razón de ser, por ser considerada innecesaria y atentatoria a la economía nacional, que es pobre; la vigencia de esta “obligación” implica la erogación de mucho dinero y, además, la consideración de ser obsoleta e innecesaria tiende a calar más hondo en la conciencia del pueblo, que, en su mayoría, considera que hasta el “servicio premilitar se ha hecho contrario a lo que necesitaría el país que vive situaciones de paz y tranquilidad”. Es, pues, el gobierno que debería examinar el problema que, para muchos padres de familia, se ha hecho complicado por las obligaciones que conlleva.
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