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Observan puntuación y poca transparencia

Profesionales destacados descartan postular a Fiscal

• Conalab planteó que su presencia, el Sistema Universitario y un organismo internacional trasparentaría el proceso de elección • La oposición advirtió que la falta de independencia de la nueva autoridad agudizará la crisis institucional y la persecución política


Israel Centellas.
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El Colegio Nacional de Abogados (Conalab) y expertos en el área judicial, destacados profesionales en el campo penal, observaron el sistema de evaluación que la Asamblea Legislativa aplicará para la elección de los postulantes a Fiscal General del Estado, la meritocracia debe tener un mayor puntaje que esta propuesto en el reglamento. Los consultados descartaron que se presenten a la convocatoria.

“A nosotros nos parece prudente ponderación que se le está asignando a la evaluación curricular. Hubiera sido deseable que se le designe un total de 50 puntos a esta fase y el otro 50 por ciento del puntaje debió ser destinado al examen escrito. La entrevista sólo debió ser una etapa para que presenten su proyecto que enfrente la crisis del Ministerio Público”, dijo el presidente del Conalab, Israel Centellas.

EL DIARIO consultó a los expertos en derecho penal Martha Requena, Andrés Zúñiga y Karlo Brito, abogado del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández e Israel Centellas, si se presentarían a la convocatoria, estos dijeron que no, porque no existen las garantías correspondientes de un proceso transparente que elegirá a la persona más calificada para ocupar ese cargo.

La Asamblea Legislativa aprobó la Convocatoria y el Reglamento para la elección de la nueva autoridad, hoy se publicó en tres medios escritos de circulación nacional y a partir del martes los aspirantes podrán dejar sus documentos en la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Cámara de Senadores.

EVALUACIÓN

Los postulantes deberán acumular un mínimo de 56 puntos para pasar al pleno del Legislativo y ser parte de uno de los electos para ocupar ese cargo, esto fue observado por el presidente del colegio de abogados, quien señaló que se debe subir este parámetro de calificación porque se trata de ocupar un cargo jerárquico, de la cabeza del Ministerio Público.

El reglamento establece el parámetro del sistema de evaluación de los postulantes, esta fase de valoración está compuesta por la calificación curricular que tiene una ponderación de 40 puntos, el examen escrito es de 30 puntos al igual que la entrevista, los académicos del sistema universitario solo será veedor de esta última parte.

El parágrafo II del artículo 18 del Reglamento establece que el CEUB y la Comisión Mixta del Legislativo elaborarán una batería de 120 preguntas, del cual serán elegidas 60 para la conformación de la prueba escrita.

SIN TRANSPARENCIA

Martha Requena y Karlo Brito coincidieron que este proceso de elección no otorga las garantías correspondientes para que los mejores profesionales del área se presentes y sean electos por sus méritos. A criterio de estos, el Legislativo debió tomar en cuenta a tres entes: Colegio Nacional de Abogados, el Sistema Universitario y un organismo internacional.

“En este proceso debieran participar el Colegio de Abogados, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y un organismo internacional, porque es la única forma de garantizar un proceso de elección del nuevo fiscal general de forma transparente”, resaltó Requena.

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, dijo que firmaron un acuerdo con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para confirmar su participación en el proceso, pero desestimó que se haya invitado al ente colegiado y aún no se conoce qué organismo internacional estará presente.

Por su parte, Brito manifestó que solo la presencia del sistema universitario no garantizará que este proceso se desarrolle con transparencia, debido a la anterior experiencia que se produjo en la preselección de los magistrados al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde se evidenciaron algunas falencias donde algunos académicos decidieron apartarse de esa actividad.

PERFIL

El experto penalista Andrés Zúñiga dijo que una de las características del nuevo Fiscal General de Estado es el cumplimiento de los plazos procesales, ya que esta autoridad debe ser la primera en respetar las normas del ámbito penal y la Ley 260 Orgánica del Ministerio Público. A su criterio, si no cumple estas obligaciones no es la autoridad idónea para ocupar ese cargo.

Requena añadió que la nueva autoridad debe hacer prevalecer la probidad, el trato humano y digno de los que son parte de un proceso penal, tal como lo determina el artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Todos los consultados coincidieron que el fiscal debe ser un profesional que no tenga militancia política y que no sea afín a ninguna autoridad de Gobierno, comprometida con la población y que haya ejercido la carrera judicial por los menos 10 años.

“Todos los abogados estamos cansados de ver las mismas caras, como si fueran los únicos iluminados, mañana son vocales, después fiscales y por último son jueces, rotan en sus cargos como si no hubiesen otros profesionales tan o mejor capacitados que ellos”, cuestionó la jurista.

SIN CAMBIOS

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Édgar Rendón advirtió que todo este proceso amañado e irregular derivará en la elección de una autoridad que estará al servicio del poder ejecutivo, que consolidará la repostulación de Evo Morales y Álvaro García en las elecciones generales del próximo año.

“Tener una institución manejada por el partido oficialista, tener una justicia coptada por el Gobierno implicará una persecución para los opositores, que en última instancia es consolidar la repostulación de Evo Morales y Álvaro García y descabezar cualquier iniciativa que tenga la oposición para participar en las próximas elecciones”, vaticinó el legislador.

 
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