Duque pide presión internacional para derrocar a Nicolás Maduro

Ya no habrá un minuto de tregua ni disimulos. El nuevo presidente de Colombia, que mañana toma posesión del cargo, es enemigo declarado del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y nada le gustaría más que ver renacer la democracia en el país vecino. Lo dijo durante su campaña electoral y lo repitió cuando resultó elegido en junio. Pero no propiciará una intervención militar en Venezuela, como había sugerido Donald Trump y piden venezolanos de a pie que emigran de su país empujados por la miseria.

“No podemos aceptar una representación con un Gobierno que consideramos ilegítimo”, afirmó tras su victoria. También fue tema prioritario en su primera visita a Washington como presidente electo.

“Discutimos la crisis humanitaria y las condiciones autoritarias en Venezuela y nos comprometimos a continuar presionando la restauración de la democracia”, escribió en su cuenta de Twitter el vicepresidente norteamericano, Mike Pence.

“No se habló de una intervención militar y yo nunca he hablado de intervenciones militares ni de propiciar intervenciones militares”, puntualizó por su parte Duque.

Su idea es convencer a gobiernos amigos a endurecer la presión diplomática para arrinconar aún más a la dictadura. Por lo pronto buscará que otros jefes de Estado secunden la denuncia que presentó contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en julio del 2017, cuando era senador del Centro Democrático y que respaldó el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. También, “que aceleren las investigaciones” contra la cúpula chavista. Un informe previo de la OEA consideró a 11 de ellos, con Nicolás Maduro a la cabeza, son autores de crímenes de lesa humanidad.

Su vicepresidenta Marta Lucia Ramírez, crítica desde hace tiempo con el chavismo y con la laxitud con que la comunidad internacional le ha enfrentado, pretende, además, que se acuerde algún tipo de bloqueo comercial que asfixie de verdad a Nicolás Maduro. Y que Rusia y China, los únicos pilares que a su juicio le sostienen, suelten amarras.

Si bien para Panamá y para el hemisferio sur del continente americano la crisis de Venezuela es un dolor de cabeza por los ingentes flujos migratorios que no cesan, ninguno la sufre como Colombia. Son ya 820.000 venezolanos, que estaban legalmente registrados, los que podrán disfrutar los beneficios de un reciente decreto que les permite no solo residir y trabajar en Colombia durante dos años, si no acceso a sanidad, a validar sus títulos académicos y a trabajar.

Lo firmó el viernes Juan Manuel Santos, un presidente que dio un giro de 180 grados en su relación con el chavismo. Durante los primeros siete años de Gobierno le apoyó sin fisuras, fue su principal baluarte entre los mandatarios de países que no pertenecían al ALBA, y se desmarcó cuando consideró que ya no lo necesitaba.

En 2010 cambió la política de confrontación con el chavismo que lideraba Álvaro Uribe para mostrar un talante diferente y continuó sus amoríos con Chávez y Maduro con el fin de sacar adelante el proceso de paz con las FARC puesto que Venezuela era su santuario. No midió en ese tiempo o no le importaron las consecuencias que para Colombia tendría la evidente profundización de la crisis económica e institucional del vecino.

La ola de emigración que no se detiene y es superior a las cifras oficiales por los miles de ilegales, supone un reto descomunal para el próximo Gobierno. Son tantos y están tan desesperados que unos se alistan al ELN, otros recogen hojas de coca, son buscadores de oro furtivos o se prostituyen. Son miles las prostitutas que venden sus servicios a cambio de miserias. (elmundo.es)