No serán activados celulares con reporte de robo o extravío

El proyecto de “Ley Integral de Seguridad Especial para la Telefonía Móvil”, presentado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), crea seis tipos penales vinculados a la comercialización de celulares reportados como extraviados o robados, así como el uso de “chip”, relacionado con hechos delictivos.

La normativa propuesta por la fuerza anticrimen establece también la prohibición de activar equipos de telefonía móvil reportados como perdidos, robados, clonados, otorgando a las empresas telefónicas la autoridad para retener los equipos para su remisión a la Policía con fines investigativos y su posterior sanción, según la normativa penal.

El jefe de la División Delitos contra la Propiedad, de la (Felcc), Juan José Millán, señaló que mediante una nueva ley se busca establecer métodos de control en la venta y activación de estos equipos debido a la elevada incidencia delictiva mediante celulares, hechos que debido a la falta de recursos que permitan acciones más eficiente, muchas veces no pueden ser resueltos con mayor rapidez.

La propuesta de normativa, formulada con el aporte del concejal de La Paz, Mario Condori, establece una “base de datos negra”, que registra celulares repostados como robados, extraviados y vinculados a actividades delictivas, “base de datos gris” consignará el número del International Mobile Equipment Identity (IMEI, sigla en inglés) reportados como perdidos o bloqueados por cualquier motivo y una “base de datos blanca” que constituye el registro de todos los usuarios.

Asimismo, queda prohibida la importación de equipos terminales móviles con IMEI genéricos o duplicados, los que se encontraran vigentes en el país tendrán un plazo de seis meses para su regularización.

30 AÑOS DE CÁRCEL

Esta misma normativa propone sancionar con 30 años de cárcel a técnicos que hagan el servicio de “flasheo” a celulares robados, el registro grabado y personalizado de la línea y del dispositivo.

El director nacional de la Felcc, Nelson Mejia Martinez, expresó la necesidad de contar con una norma “más coercitiva y ver la posibilidad de modificar algunos tipos penales como el caso de la receptación (…) Por ejemplo, ahora, si un celular está involucrado en un hecho complejo como trata y tráfico, el que ha accedido a ese dispositivo también va a tener un grado de culpabilidad por encubrimiento o complicidad”.

Con este anteproyecto también se busca que el grado de participación de un hecho delictivo alcance al comprador del móvil involucrado en casos ilícitos, ya que el comprador debe conocer la procedencia de los dispositivos adquiridos, en muchos casos a precios muy bajos.

Con ayuda de las nuevas tecnologías, los delincuentes se adiestraron en nuevas formas de cometer ilícitos, los antisociales roban celulares para con esos aparatos puedan ejecutar delitos graves como extorsión, trata de personas, inclusive asesinatos.

Hasta la fecha, más de 1.300 celulares fueron denunciados como robados y al menos seis personas están detenidas por participar en negocios donde se realizaba el cambio de registro.

“Estamos viendo la legislación comparada y las experiencias del exterior para los casos con el tema de los IMEI que salen por contrabando o que entran de una forma ilegal, para ver si su homologación va a ser prohibida o restringida”, indicó la autoridad.

ELABORACIÓN CONJUNTA

Por su parte, Donato López representante de la Asociación de Técnicos de Celulares y Micro Electrónica (Atcmic), que ya cuenta con 250 afiliados manifestó el desacuerdo de su gremio en la corresponsabilidad con los delitos que estuviera involucrado el celular, por lo que plantearon a las autoridades un trabajo conjunto para el mejoramiento de la normativa.

López señaló que comparte todos los registros y datos de los afiliados y los servicios que ofrecen a sus eventuales clientes en cooperación con la Policía para mantener la legalidad del servicio técnico para equipos electrónicos.

Asimismo, miembros del gremio de técnicos de celulares de Santa Cruz exigieron ser tomados en cuenta en la redacción de este anteproyecto porque consideran que la normativa debe ser puntual, específica y exacta sobre los términos que se usaran para identificar qué es delito, o no.

SOCIALIZACIÓN

Entretanto, el diputado Edgar Montaño informó el total acuerdo entre las operadoras telefónicas,  autoridades  del Órgano Legislativo y Ejecutivo para impulsar el proyecto de ley corta que sanciona con 1 a 6 años de cárcel a los técnicos que cambien el IMEI de los celulares robados o extraviados.

Explicó que el acuerdo implica diferenciar claramente que el cambio de IMEI es un delito. Sin embargo, el “flasheo” está libre de tipificación porque es considerado un servicio a la sociedad destinado a mejorar el sistema operativo y eliminar el virus del celular.

Montaño indicó que el robo con arma de fuego o con arma blanca, por parte de un delincuente, sería sancionado con 30 años de presidio, aspecto que está en consulta con asesores legales de Diputados donde se gesta el proyecto de ley corta.

Indicó que el proyecto de ley fue socializado por tercera vez con las operadoras telefónicas Entel, Viva, Telecel, ATT, Comteco, Cotas, AXS, Viceministerio de Telecomunicaciones, Aduana Nacional, Impuestos Nacionales y el Comando General de la Policía Boliviana.

“Hemos determinado que será un aporte de todas las instituciones para crear seguridad ciudadana y evitar el robo de celulares y obviamente en el cambio del IMEI que viene desde fabricación”, manifestó el diputado.

Precisó que el proyecto planteado, establece nuevos mecanismos de control a los que establece el Decreto Supremo 353 del 4 de noviembre de 2009, referido a los mecanismos de control para la comercialización y activación de celulares robados, hurtados y/o extraviados, como parte de las acciones de seguridad ciudadana.