No hay mucho que hacer ni menos abrigar esperanzas sobre una anhelada rectificación del desempeño de los fiscales, en momentos en que se inician los preparativos para la nominación del nuevo Fiscal General del Estado, en octubre próximo. Es conocido el método seguido por los dos tercios de la Asamblea Legislativa en este tipo de designaciones, conforme a lo ejecutado en las dos oportunidades anteriores de elección de magistrados, cuando el electorado no comulgó con dichos procedimientos.
El proceso -como entonces- se inicia con la elaboración de un reglamento con apariencias imparciales y de convocatoria a la meritocracia, pero la parafernalia termina seleccionando como candidatos a quienes de antemano gozan de la simpatía oficialista, sea por su directa militancia en el MAS o por tratarse de personas muy allegadas al mismo. Tal ha sido la elección del fiscal cesante, doctor Ramiro Guerrero, constituyente por el partido de Gobierno.
En el último proceso de elección de magistrados, como novedad y para darle visos de seriedad se incluyó a representantes del Consejo Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), pero la medida terminó en fiasco a los ojos de la opinión pública. Los miembros designados por ese nivel no pudieron dejar de concurrir con una notoria docilidad a los designios de la Comisión Mixta Legislativa del caso, la cual se quedó sin legisladores opositores al haber advertido una obvia parcialización.
Los designados del CEUB habían sido funcionarios del Gobierno o recibido sus favores, situación que los alejaba de un desempeño independiente y acreditado. Se jugaba con fichas marcadas. Tal actuar empezó por formular preguntas generales que nada tenían que ver con el derecho, sino hechas para escolinos de curso elemental, lo que no pasó inadvertido a la expectativa pública. Todo parece indicar que el plan se inició en el propio CEUB y se intuye que se dio a fin de no provocar la ojeriza del poder o ejecutar consignas recibidas.
Desde hace años el Ministerio Público se ha convertido en uno de los niveles más críticos de la Justicia, perdiendo credibilidad y despertar temor a caer en sus manos, por inocentes que sean los citados a comparecer. Vistas las cosas, el Fiscal General cesante no hizo mucho por restablecer la pérdida de credibilidad. Sin embargo ante rumores de reelección fue claro al decir que la Constitución se lo impide.
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