Innegablemente, la pobreza causa serios problemas en la alimentación de niños, ancianos y mujeres en todo el país; los grados de desnutrición infantil son notables, como en el caso del departamento de La Paz, en el que, según el Consejo de Alimentación de la Gobernación, se anota que ha subido, entre el 2014 y 2018, de 9,4% al 14,4%, datos referidos a las ciudades de La Paz y El Alto. Si estas ciudades presentan cuadros tan dramáticos, correspondería que se realice investigaciones para establecer cuáles son los índices en las regiones más descuidadas del país, donde, es sabido, no siempre la buena alimentación es la óptima.
Según la entidad señala, “el nivel de desnutrición en niños menores de 5 años en el departamento de La Paz subió al 14,4% en la ciudad y El Alto. Este mal se encuentra sobre todo en poblaciones rurales, en hogares sin acceso a agua potable y saneamiento o donde las mujeres tienen bajos niveles de escolaridad”. Por supuesto, la pobreza es un mal que ataca severamente a poblaciones rurales que carecen de alimentación seleccionada, donde faltan productos muy importantes para el desarrollo y vida de los niños (ED 25-7-18).
Muchas veces se ha sostenido, por parte de instituciones gubernamentales, la necesidad de desarrollar campañas en pro de una sana y buena alimentación en los niños; se ha creado programas de desayuno escolar que no siempre han tenido continuidad y mejora de calidad. Muchas veces se ha aceptado donativos de alimentos balanceados con base en avena, quinua, leche y otros, con altos contenidos de vitamina y hierro, para atender la alimentación de niños, jóvenes y adultos; pero, lamentablemente, esos productos -donados muchos de ellos por programas de Estados Unidos- han sido dispuestos y vendidos en mercados por quienes debían administrarlos debidamente. Lo lamentable es que ninguna autoridad se ha preocupado por corregir tal anomalía y, al contrario, han proliferado en casi todos los sitios que recibían donativos y actualmente se encuentran en mercados queso, mantequilla, leche y otros cuyo rótulo es “prohibida su venta”, pero nadie hace caso y menos las autoridades municipales realizan controles o los decomisos del caso.
Atender la alimentación de los niños debería ser labor fundamental de las gobernaciones y municipios del país y hacerlo estableciendo los controles precisos; de otro modo, la corrupción hinca sus garras y todo desaparece por obra de quienes comercian con la salud y vida de la población. Tanto el gobierno central como las gobernaciones y los municipios deberían establecer programas especiales de alimentación permanente a niños de áreas urbanas y rurales, atender su provisión de agua y la tenencia de medios para defender su salud; igualmente, disponer los controles precisos para evitar que se abuse de niños en trabajos forzados y sin la alimentación y atención debidas a su normal desarrollo.
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