Elección de Fiscal en mal camino

El principal Vocero de la elección del Fiscal General de Estado reafirmó su respeto “a la autonomía universitaria” a tiempo de anunciar el reglamento y convenios que patentizan intromisiones indebidas; en ello queda clara la participación estelar del Sr. Max Mendoza, representante de la Confederación Universitaria Boliviana y también personero de la Coordinadora Nacional por el Cambio.

UN FISCAL A MEDIDA

Para la elección del Fiscal de la República (se dice así porque se cambia al mismo, cada determinado tiempo) no solamente se tendrá un equipo de académicos que controlen el trabajo transparente de la Asamblea Nacional, también se tendrá a “vocales, después fiscales y por último a jueces” (1) buscando el cargo. Hasta aquí todo parece ir muy bien, en la búsqueda del hombre preciso y necesario. Mas, ¿qué acontecerá con la considerada como única forma de garantizar un proceso de elección del nuevo fiscal, de manera transparente?

Asimismo veamos la intervención sugerida -en fecha 6 de agosto de 2018 por el Colegio Nacional de Abogados, del Sistema Universitario y de un organismo internacional- que va mucho más lejos, en el manoseo de construir supremos tribunales de acompañamiento, con los poderes políticos: El Ejecutivo, el Legislativo. No se tendría que seguir manteniendo esta hipocresía, es imprescindible abrir el diálogo para clarificar la real posición del llamado “Órgano Judicial”, en el Estado que tiene un gobierno débil, con una clase política corrupta.

La independencia de los “órganos” es una mera incorporación formal en la Constitución, ella tendría que ir en función de la verdadera autonomía requerida para los poderes del Estado (revisar el Art. 12 de la Constitución); sin embargo, adviértase que la Universidad jamás podrá consentir la intervención de un sindicato en la designación de sus autoridades. Menos que el Órgano Ejecutivo, en la designación de sus colaboradores (ministros de Estado) admita la intervención de los movimientos sociales. Peor aún, que la Asamblea Nacional esté conformada bajo la intervención del Judicial.

CONTRASENTIDO

Sin embargo de toda la transparencia soñada en la Asamblea Nacional, con un Fiscal inexperto -que no tiene una tradición judicial y que sube directamente de la calle al escenario, mientras aprenda el A B C de la función pública- pasarían muchos lindos años de retraso. Cosa muy diferente –ciertamente- con un magistrado de verdad que no pasa por las urnas; se trata de aquella personalidad con 30 años de servicio que se ganó su promoción para estar en una terna ante la Asamblea Nacional. ¿Qué sencillo sería todo esto, no es verdad?

Por lo tanto, “los jueces deben serlo de la República”, enseña el eminente profesor de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Roberto Dromi, y agrega: “De ellos depende la vigencia de todo el sistema institucional” (2). Sí y yo sostengo que debemos ir hacia el necesario perfeccionamiento de la forma de organización judicial, mediante un Estatuto de la Magistratura que asegure la promoción de los componentes del Poder Judicial hasta las funciones indispensables de un auténtico Fiscal de la República.

En síntesis, el sistema de elección del Fiscal General implantado por la Asamblea Nacional, al lograr intervenciones ajenas, representa intereses subalternos sobre el sistema supremo de la justicia y de la ley. Y para terminar, se recuerda a la conciencia profesional que el interés supremo de la Justicia de Bolivia, se encuentra estructurado en la INDEPENDENCIA propia del Poder Judicial. Es cuanto deben estudiar e investigar los responsables de otra elección más.

1.- EL DIARIO: Pronunciamiento del Colegio Nacional de Abogados. La Paz 6 de agosto de 2018. Pág.1.

1.- Dromi Roberto: El Poder Judicial, Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1996. Pág 237.