Corrupción, narcotráfico y escándalos ensombrecen tres gestiones de Morales

Desgaste. Es la definición concreta de legisladores de la oposición que evaluaron las tres gestiones consecutivas del gobierno de Evo Morales: 12 años, 6 meses y 21 días al frente del país, períodos consecutivos donde según sus puntos de vista, primaron los actos de corrupción, avasallamiento de tierras de indígenas, narcotráfico, vergonzosos escándalos protagonizados por asambleístas y el irrespeto a la Constitución Política del Estado (CPE) y los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.

“Son 12 años que se ha desestructurado el país y se han desmantelado las instituciones públicas, los poderes del Estado, se desnaturalizó la democracia, se han corrompido los sectores sociales y los pueblos indígenas a partir de dádivas y se han acostumbrado a servir al Gobierno en función a estos regalos. En base a estos antecedentes se puede catalogar que es un gobierno que está enfrascado en corrupción”, puntualizó el senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez.

Para el diputado de la misma alianza partidaria, Wilson Santamaría, este fue el único gobierno que arremetió de manera flagrante contra la Constitución Política del Estado, para pretender eternizarse en el poder, en el último caso tuvo que acudir a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para presentarse a una tercera reelección.

EMBLEMÁTICOS

Santamaría indicó que el primer caso de corrupción que se presentó fueron ligados a altas esferas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de los cuales cinco de siete expresidentes de la estatal fueron involucrados.

Entre los más emblemáticos, cita el caso Catler Uniservice, que fue descubierto el 27 de enero de 2009, durante la primera gestión de Evo Morales. Tras la muerte violenta del empresario Jorge O’Connor, que derivó en la destitución e investigación de Santos Ramírez, una de las personas más cercanas al Presidente y que fue sentenciado a 12 años de prisión.

En similar situación, con grandes denuncias de corrupción fueron alejados los presidentes de YPFB, Jorge Alvarado (2006), Manuel Morales Olivera (2007), Guillermo Aruquipa (2008), incluso en la prolongada gestión del extinto Carlos Villegas se descubrió una red de corrupción en 2014. Finalmente, la adquisición de taladros a la empresa italiana Drillmec en el que se vio involucrado Guillermo Achá.

FONDO INDÍGENA

Para Rodríguez, otro de los caso que marcó al gobierno del MAS es el desvío a cuentas particulares de dirigentes campesinos e indígenas al menos $us 102 millones, por el desfalco del Fondo Indígena, descubierto en el 2015. Proceso en el que están involucradas dos exministras: Nemesia Achacollo y Julia Ramos, dirigentes indígenas y los ejecutivos que manejaron dicho fondo, pero sin mayores resultados.

En el 2016 estalló el escándalo del supuesto hijo de Evo Morales donde también se denunció un supuesto caso de tráfico de influencias que vinculaba a Gabriela Zapata, gerente comercial de la compañía china CAMC, firma con la que el Gobierno tenía una estrecha relación, que involucraba al presidente Evo Morales.

El desfalco millonario al Banco Unión, por uno de sus funcionarios el cual develó la falta de control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en este hecho se produjo un daño económico al Estado de Bs 37.690.000.

AVASALLAMIENTOS

Rodríguez resaltó el continuo asedio por parte del Gobierno a los comunarios del territorio indígena parque nacional Isiboro Secure (Tipnis), que en el 2011 marcharon desde sus regiones hasta La Paz para evitar la construcción de la carretera por el corazón de esa reserva natural, hecho que derivó en la aprobación de la Ley 180 de Intangibilidad del Tipnis.

Seis años después, el Gobierno anuló esa norma con la Ley 266 de Desarrollo Integral para las comunidades del Tipnis, con el que se da vía libre para la explotación de los recursos naturales, flora y fauna que alberga ese territorio, además de la extensión de las plantaciones ilegales de coca, el cual ya se encuentra presente en esa región.

Los dirigentes de las Subcentrales: Tipnis, Sécure y Conisur afines al Gobierno advirtieron que no permitirán el ingreso de la Comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza para verificar las denuncias de vulneraciones en el Tipnis.