Convocatoria para fiscal: crisis reiterada

La Asamblea Legislativa Plurinacional a través de la Comisión Mixta de Justicia Plural resolvió con celeridad el Reglamento para elección de Fiscal General del Estado, desconociendo y desestimando, al mismo tiempo, la conformación de un Consejo Técnico de Calificación y Evaluación, combinado con la participación de decanos de las diferentes facultades de las carreras de Derecho de las universidades pública y privada, delegados del Colegio Nacional de Abogados, así como de representantes juristas de pueblos campesinos, indígenas y originarios. Tal fue la propuesta de la oposición, con la finalidad de contar definitivamente con una fiscalía imparcial e independiente, que signifique una garantía real para la defensa de la sociedad y del Estado.

Como eso no sucedió, tanto los asambleístas de la oposición como los representantes de las instituciones nombradas anticiparon el rechazo a su participación en el acusado proceso, ya que los mismos previenen dolo y fraude en el mismo, al no haber materia para debatir, por encontrarse nuevamente bajo el “rodillo” del oficialismo, que repite criterios similares al reglamento con el que se eligió al Fiscal General saliente, designado por el presidente Evo Morales en anterior ocasión. Es decir sobreponiendo requisitos político partidarios, antes que jurídicos.

Recordemos que como resultado de equívocos e incorrecciones del proceso 2011 -reconocidos por el gobierno- éste último afirmó que “nadie estaba libre de cometer errores”.

Puede que sea la triste realidad, ya que el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. El problema retorna cuando nos damos cuenta de por qué la tozudez y capricho de incurrir en las mismas equivocaciones.

Las audiencias de evaluación a profesionales para el cargo actual en el presente caso -conforme criterios de DIP- son procesadas por consultores esclarecidos, así como personal superlativo al examinado, en forma transparente, con descentralización y un objetivo fundamental: diagnosticar pautas y elaborar un diagnóstico futuro del postulante (antes que hacer preguntas insuficientes, básicas, cándidas, y preconcebidas) que permitan encontrar bases para el desempeño de tan importantes funciones. Es decir que se convierten en el mundo actual en verdaderas estrategias de evaluación de la conducta profesional de la futura autoridad.

Por otra parte, se vuelve a incurrir en los defectos señalados en la anterior elección, sometiendo, en algunos casos, a profesionales de amplia trayectoria y experiencia legal a la “jurisdicción y competencia” de personal investido de prerrogativas, propenso al desacierto para decidir tan importante elección, sin contar con la idoneidad requerida. Esto provocará, una vez más, no solo el desprestigio del Poder Legislativo, sino principalmente el estigma del fracaso de nuestra comunidad en su afán de recuperar la credibilidad de la ley y lograr una mejor administración de la justicia.

No obstante lo señalado, tenemos la certeza de estar a tiempo para reorientar el sentido del presente proceso “acelerado”, en beneficio de la imparcialidad de la justicia boliviana.

El autor es abogado.