En los 12 años del Gobierno actual se han realizado más gastos y menos obras, lo que demuestra que sus tres gestiones constitucionales han sido poco fructíferas, mucho más cuando el país ha tenido el ingreso de 20.000 millones de dólares en la última década, logro financiero que jamás antes tuvo, sin embargo se hacía más obras que en las tres gestiones actuales.
Cabe destacar que cuando hay una continuidad como la ocurrida, se presta a proyectar y concluir obras de magnitud, que realmente impulsen el desarrollo de cualquier país, más cuando se trata de uno que, como Bolivia, confronta tantas carencias y no cesa de ser abrumadora la pobreza social.
De esta manera, queda al desnudo la ineptitud administrativa que se tiene en años tan pródigos en disponibilidad de recursos, que no han sido bien aprovechados, ni siquiera en el reciente período económico del país, que está identificado como de la bonanza jamás experimentada antes.
He aquí algunos casos en los que se pudo lograr el avance industrial que tanto se requiere, para no seguir siendo un simple importador en ocasiones perentorias, pero por esta misma circunstancia correspondía eliminarlas, dotando a la nación de su propio abastecimiento ante esos requerimientos.
Además, si fueron hechas obras de alguna significación, se las realizó con falta de información y de criterio. Algunos casos pueden ser bastante ilustrativos al respecto. Se invirtió 953 millones de dólares para producir urea, la que a pesar de semejante inversión hasta el presente, no ha podido normalizar su producción.
Otra desafortunada obra fue la instalación de un moderno ingenio azucarero en la provincia Iturralde, del departamento de La Paz, pero desde hace por lo menos tres años opera solo parcialmente, porque en la región no se cuenta con la suficiente producción de caña de azúcar.
Con Karachipampa los desaciertos fueron mayores, pues se sostuvo que Bolivia iba a contar con una planta metalúrgica para producir lingotes de plata y plomo, que iba a satisfacer todas las necesidades que en este sector primario demanda la industria e inclusive algunos sectores comerciales y domésticos.
En otras situaciones se ha dado curso a proyectos que no eran prioritarios para satisfacer las necesidades públicas, como por ejemplo los teleféricos en La Paz y Oruro, el aeropuerto de Chimoré, las barcazas chinas, las plantas petroquímicas de propileno y polipropileno, en las que se invertiría nada menos que 2.200.000 millones de dólares.
Algo semejante se produce con el proyecto nuclear, en el que se piensa invertir 2 mil millones de dólares. Para satisfacer un gusto presidencial muy propio, como es el museo de Orinoca, se ha gastado nada menos que casi siete millones de dólares, aparte de que no cumple función pública alguna, por el lugar de su emplazamiento, como por la finalidad que tenía para atraer masiva concurrencia, como acontece con obras de esta naturaleza.
El Gobierno del MAS, en contraste con el buen juicio, no adoptó políticas destinadas a asegurar el crecimiento económico sostenido y cambio de nuestra estructura productiva primaria. En esta dirección, hasta ahora no ha previsto algo concreto y permanente en lo referido a un sólido desarrollo agropecuario e industrial derivado de estos sectores.
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